El Constitucional tumba el decreto catalán que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales a okupas

El decreto fue aprobado por la Generalitat en 2019 y recibió duras críticas por parte del sector inmobiliario y de los partidos de la oposición. El Consejo de Garantías Estatutarias consideró entonces que el decreto era «irracional» y algunos de sus preceptos eran «arbitrarios». La norma define como «vivienda vacía» la que está ocupada ilegalmente y obliga a su propietario a ofrecer un alquiler social antes de iniciar una demanda judicial para recuperarla.

El Partido Popular fue un paso más allá e interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Un recurso que ha sido estimado ahora por el Constitucional, que, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, declara nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 4.2, 4.5, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y la disposición transitoria primera del decreto.

El fallo defiende que no se dan los requisitos habilitantes que exige el art. 86.1 de la Constitución para regular sobre las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, resultando insuficiente el rango de la norma. Es decir, el Constitucional considera que estas medidas deberían ser abordadas en una norma de un rango mayor, no vía decreto-ley.

«Tras delimitar la naturaleza de los distintos preceptos impugnados, el Tribunal siguiendo los reiterados criterios sobre su jurisprudencia en esta materia, declara la nulidad de los preceptos impugnados», ha explicado en un comunicado el Constitucional, que facilitará el contenido íntegro de la sentencia en los próximos días.

El Contitucional también ha estimado a trámite otro recurso del PP contra la ley que regula los alquileres en Cataluña, aprobada en 2020. Eso sí, este paso por el momento no implica por ahora la suspensión de la ley, que todavía se mantiene vigente. La decisión del Constitucional, eso sí, se produce en un contexto clave para el sector inmobiliario, porque el Gobierno prepara una nueva legislación para regular los alquileres a nivel nacional.

La iniciativa ha sido impulsada por Unidas Podemos, y el Partido Socialista ya ha reconocido que será incluida en la próxima ley de vivienda, que se presentará en marzo. Además de los controles al alquiler, Unidas Podemos también busca prohibir los desahucios de forma permanente con esta normativa.