El Congreso avala la subida de las pensiones y del sueldo a los funcionarios

El primero en recibir el aval de la cámara ha sido el decreto ley de subida de las pensiones, con una importante carga política para el Gobierno, ya que también fue impulsado en el primer consejo de ministros de la legislatura. Lo hizo, eso sí, después de que los jubilados comenzaran el año con sus nóminas congeladas a la espera de que se impulsara definitivamente la investidura de Pedro Sánchez. Una vez en la presidencia, Sánchez subió las prestaciones un 0,9% de forma retroactiva desde el 1 de enero. Así, las pensiones de febrero ya han recogido este incremento, que refleja la previsión de IPC para todo el año, y que engordará el déficit en algo más de 1.400 millones de euros anuales , pues será de aplicación para todos los colectivos, incluyendo las clases pasivas y las no contributivas.

Escrivá , durante su defensa de esta medida, ha recordado que la subida del 0,9% que recoge el real decreto está en línea con la segunda recomendación del borrador del Pacto de Toledo a la que se llegó antes de la disolución de las Cortes en la legislatura previa. Cabe recordar, no obstante, que el acuerdo estuvo entonces muy cerca pero que saltó por los aires ante la negativa de Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, debido a la convocatoria electoral. Como fuere, el ministro ha señalado que vincular las pensiones al IPC es un paso previo para«soluciones justas y equitativas a los pensionistas». «Estamos obligados y decididos a resolver la solvencia del sistema de Seguridad Social y eso debe conseguirse dando certidumbre a las pensiones y al trabajo», ha aseverado, al tiempo que ha recordado que las pensiones mínimas subirán por encima de este 0,9% aprobado hoy aunque ha apuntado que lo harán «en el contexto del proceso presupuestario para saber el margen que hay y cómo se puede financiar». Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han votado favorablemente la convalidación del decreto.

La subida del sueldo de los funcionarios también ha recibido hoy el apoyo de la mayoría de la Cámara, aunque su puesta en marcha desde el Ejecutivo fue algo menos decidida. El Gobierno socialista, estando en funciones, sí que recogió en el plan presupuestario que remitió a Bruselas la mejora salarial de los empleados públicos, pero la medida no fue incluida entre las primeras decisiones del Ejecutivo. Los nervios empezaron entonces a correr entre el sindicato CSIF hasta que el propio Iván Redondo , jefe de gabinete del presidente del Gobierno, llegó a ratificarles por carta que el Gobierno cumpliría con el acuerdo de revalorización (que fue sellado con los sindicatos durante el Gobierno de Mariano Rajoy).

La medida vincula a 2,5 millones de trabajadores y tendrá un coste de 3.212 millones de euros . La ministra Darias , por su parte, ha defendido durante su intervención que esta es una medida de «justicia» por la congelación salarial que sufrió el este colectivo durante los años de la crisis pero también, ha dicho, «es una herramienta» para la buena marcha económica del país.

Por último, también ha recibido luz verde el decreto de medidas urgentes en materia de prórroga tributaria, catastral y de Seguridad Social, una norma que estaba a falta de un día para que venciera su plazo de convalidación. El llamado «catastrazo» no solo incluye los coeficientes de actualización de los valores catastrales en función del último año de revisión, sino que también recoge el mantenimiento en sus términos los umbrales para acceder al sistema simplificado de módulos por el que tributan algunos autónomos.