La subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios costarán 6.200 millones en 2019

Es una gruesa factura que tendrá un impacto directo en términos de déficit . Solo la búsqueda de ingresos extra para compensar ese sobrecoste evitará que éste acabe engordando los números rojos del Estado. Pero el panorama se complicará seriamente si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y se resigna a seguir gobernando con España sumida en la prórroga presupuestaria.

Ese incierto futuro agrava el espinoso escenario del abultado sobrecoste que dejarán la revalorización de las pensiones y las subidas salariales comprometidas para los empleados públicos. Es uno de los aspectos que tiene en cuenta Bruselas a la hora de evaluar el futuro inmediato al que se enfrentan las cuentas públicas de España: es uno de los puntos débiles que vigilan las autoridades europeas .

En octubre, cuando el Gobierno de Sánchez presentó a la Comisión Europea su pretendido cuadro presupuestario para 2019 , lo aderezó con previsiones optimistas en el apartado de los ingresos. Pero Bruselas ve la cifra de gastos con preocupación y las de ingresos con desconfianza . El impacto de la revalorización de las pensiones y de la subida salarial a los empleados públicos es una de las indigestas facturas que preocupan. Más aún con el precario horizonte presupuestario, que limita las medidas contempladas por el Gobierno para mejorar los ingresos y contrarrestar esos abultados sobrecostes a los que tendrá que hacer frente el Estado.

De hecho, el propio Ejecutivo de Sánchez reconoce que esas mismas subidas de pensiones y de salarios públicos ya han empeorado el déficit del Estado durante el presente año, porque conlelvaron un gasto extra que no estaba previsto en los PGE y, además, ha habido menos ingresos de los que había previsto el anterior Gobierno.

Según datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda, la revalorización de las pensiones y el incremento salarial de los empleados públicos han generado este año un sobrecoste de 1.740 millones que no estaba recogido en los presupuestos . En 2019, esos mismos compromisos de revalorización de las pensiones y de subida de sueldo a funcionarios tendrán un coste adicional de 5.450 millones de euros . Y, además, a ello habrá que sumar el gasto derivado de saldar con los pensionistas la diferencia entre la subida que se les ha aplicado este 2018 (1,6%) y el IPC real con el que cierre el año, que el Gobierno estima que será del 1,9%. Esas tres décimas de diferencia generarán una paga compensatoria que los pensionistas cobrarán a principios de 2019 y que, en total, le costará al Estado 386 millones de euros, según las estimaciones que maneja el Gobierno. Si, además, ese diferencial se les consolida en las pensiones que cobrarán mes a mes a partir de enero, el sobrecoste adicional será de otros 386 millones de euros para todo 2019. Esta semana, el secretario de Estado de la Seguridad Social decía que consolidar esa subida de tres décimas para ajustar las pensiones al IPC real sería «lo lógico».

Respecto a los 5.450 millones de euros de sobrecoste por la subida de los sueldos de los funcionarios y por la revisión al alza de las pensiones que ya dejó pactada el anterior Gobierno del PP para 2018 y 2019, el detalle es el siguiente para el próximo año: esa revalorización «ordinaria» -al margen de la compensación por la desviación del IPC- tendrá un coste adicional de 2.700 millones de euros; el incremento salarial de los empleados públicos supondrá el desembolso de 2.500 millones de euros adicionales; y otros 250 millones extra costarán los compromisos de equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles para acabar con la acusada brecha salarial que les distanciaba de los policías autonómicos.

Todos esos sobrecostes son seguros. Haya o no PGE para 2019, son gastos insoslayables, como ha reconocido el Gobierno. El problema es que, sin PGE al día, se complica la tarea de buscar ingresos extra con los que compensar ese exceso de gasto público. La ley limita de forma considerable el margen de maniobra económica de los gobiernos cuando, por no haber logrado aprobar los PGE, tienen que salir del paso con la fórmula de la prórroga presupuestaria. No solo constriñe la capacidad de arbitrar nuevos gastos no comprometidos o programados de antemano, sino también la de habilitar ingresos extra mediante la implantación de nuevos tributos. Es un espinoso escenario que, por cierto, añade incertidumbre a las castigadas arcas de la Seguridad Social .