Las comunidades deberán emitir 30.000 millones de euros al año a intereses más altos

Atendiendo a sus ingresos, casi todas las comunidades podrían salir a los mercados, pero requieren del visto bueno de Hacienda. Para los próximos años, las regiones deberían sondear a los mercados con unos 30.000 millones de euros de emisiones cada ejercicio , correspondientes a sus necesidades de financiación calculadas por Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Agencias e inversores suelen tomar de referencia para determinar si una administración es sostenible para emitir deuda el que tenga un pasivo menor al 200% de sus ingresos corrientes. Con este indicador, solo Cataluña , Comunidad Valenciana , Castilla-La Mancha , Baleares y Murcia no podrían volver a los mercados. De momento solo Madrid –que curiosamente también incumple este indicador ligeramente–, País Vasco , Asturias , Navarra y Castilla y León han emitido en el último año ante la oposición de Hacienda a que el resto de comunidades se unieran.

Tras años sin salir al mercado, al salir las regiones se encontrarán con un entorno más árido que si hubieran ido volviendo gradualmente los últimos años a emitir por su cuenta, ya que el Banco Central Europeo (BCE) dejará de comprar deuda este año y subirá los tipos a partir de 2019. « Se ha perdido una oportunidad estos años para que las comunidades se empezaran a endeudar a costes más elevados, pero a plazos más largos. Ahora volverán a los mercados en un momento que no será tan propicio», señaló César Cantalapiedra, socio-consejero delegado de Afi, en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).

Los cálculos de emisiones que realiza Afi se basan en que las regiones cumplan el objetivo de déficit y que la deuda que vence por los mecanismos de liquidez se refinanciará a más de cinco años, por lo que este escenario podría varias si el Gobierno aprueba medidas de reestructuración o si se va a potenciar que las regiones vuelvan a los mercados. En principio, a escenario constante , para este año las necesidades de financiación ascienden a 34.730 millones de euros, mientras que para el próximo ejercicio supondrán 29.850 millones; para 2020, serán 35.000 millones; para 2021 unos 31.200 millones; para 2022 unos 30.600 millones y 2023, en torno a 29.300 millones. Es decir, algo más de 30.000 millones de media cada año .

El Gobierno de Rajoy desplegó en 2012 los mecanismos extraordinarios de liquidez para las comunidades autónomas, que tenían cerrados los mercados ante la crisis del euro. Esta ventanilla posibilitó que las regiones mantuvieran los servicios públicos fundamentales, con Sanidad y Educación a la cabeza en los años más duros de la crisis.

Pero estos mecanismos han acabado siendo estructurales y sirven de incentivo perverso: como las regiones tienen financiación garantizada no tienen por qué reducir el déficit. Así, el Estado ya es el principal acreedor de las comunidades con 165.000 millones en sus manos, el 58% del total. Las autonomías que tienen mayores deudas con el Estado son Cataluña -con 54.455 millones, un 70% de la deuda- y Comunidad Valenciana -un 80% con 37.131 millones en manos del Gobierno Central-.

« Portugal ha tenido emisiones exitosas y no cumple esta ratio de ingresos porque el Tesoro europeo, es decir, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), estaba detrás avalando la colocación», analiza Jorge Onrrubia, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Fedea que defiende un mecanismo similar con las comunidades para que vayan volviendo a los mercados y sirva de provisión en momentos de gravedad. Ahora mismo, el principio de prudencia financiera impide emisiones a un tipo 0,5 puntos mayor al 0,8 que cobra el Estado a las regiones. Los expertos apuntan a que se flexibilice esta regla. Pese a que ello implique pagar más, a largo plazo los mercados irán reduciendo los tipos cuando testen la fiabilidad de las administraciones.

Los rescates autonómicos serán una pieza central de la reforma futura del modelo de financiación. Desde los comités de negociación son optimistas ante la posibilidad de que el cambio de Gobierno desatasque la reforma, máxime con el nombramiento de Montero , que conoce a fondo el tema por su experiencia como consejera en Andalucía. «Los mecanismos han sido la reforma por la puerta de atrás», describe Ana Herrero, profesora de Economía y Gestión Pública de la UNED, al achacar la oposición de Hacienda a terminar con estos mecanismos de liquidez a que así mantenía el control sobre las regiones.

El debate está imbricado con que se aprueben reestructuraciones de deuda con el nuevo modelo, lo que beneficiaría sobre todo a las regiones más endeudadas. Las soluciones con más consenso consistían en un aplazamiento de la devolución de los mecanismos junto a una reducción de los intereses que pagan las comunidades al Estado.

Precisamente, esta era la solución que proponía el anterior Gobierno, aunque ahora queda en el aire ante el cambio de Ejecutivo. Según Afi, si se alarga la devolución del FLA y Facilidad Financiera a 40 años con una rebaja del tipo a pagar de 0,5 puntos, la rebaja de los 165.000 millones de deuda en manos del Estado sería del 30%, es decir, 50.645 millones menos de deuda.

Si se hiciera con una rebaja del tipo de 0,75 puntos y un alargamiento de la devolución a 75 años -en la actualidad los mecanismos son a 5 o 6 años y tienen un tipo del 0,8%-, la rebaja sería del 58%, 96.000 millones menos. Montero, al frente de Andalucía, se manifestó a favor de una reestructuración de la deuda aunque de forma equitativa para todas las autonomías. El PSOE, por su parte, presentó una enmienda que abría la puerta a quitas totales de deuda . La gran pregunta es cómo se calcula qué parte corresponde a infrafinanciación de las regiones y cuál a un gasto poco eficiente, para saber cómo compensarlo con estas reestructuraciones. La reforma aguarda.