Condonar los intereses de deuda a las regiones costaría mil millones al año

«El Gobierno entiende que el Estado no se puede financiar a futuro a través del pago de la deuda o de los intereses de la deuda que ha generado esta crisis, que es la deuda que se ha derivado de los mecanismos excepcionales de financiación, de liquidez que hemos puesto en marcha», apuntó Montoro en el Congreso de los Diputados.

Ahora el Gobierno abre la puerta a reestructurar esta deuda en los Presupuestos de 2018 para las regiones que cumplan el déficit, deuda y gasto. La disposición adicional centésima trigésima sexta autoriza al Gobierno a aprobar «incentivos a las Administraciones Territoriales en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales y los objetivos específicos asignados, con el fin de que los menores recursos consecuencia de la devolución de las cuotas de reembolso de deudas frente al Estado tengan un impacto menor sobre su ratio de deuda». «No se entiende nada, pero parece que se refiere más bien a un perdón de los intereses», interpreta el director de Fedea y autor de las balanzas territorializadas, Ángel de la Fuente.

Esta opción supondría un aumento de recursos a las regiones que más han aprovechado estos mecanismos, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o del de Financiación. Tomando solo los intereses a pagar por el FLA emitido entre 2012 y 2016, Cataluña (con 206 millones al año), Comunidad Valenciana (141), Andalucía (119), Castilla-La Mancha (85,4) y Murcia (28,1) serían las más beneficiadas. Ello se aplicaría durante la vida de los títulos prestados, que se amplió de diez a once años para los títulos concertados en 2012.

Precisamente, en el Ministerio entienden que estos instrumentos que desplegó el Gobierno desde dicho año han contribuido a paliar la infrafinanciación de determinadas comunidades por el sistema de financiación. Valencia (2.178 euros por habitante), Murcia (2.236), Andalucía (2.272), Madrid (2.308) y Cataluña (2.312) son las regiones con menor financiación per cápita según las últimas balanzas territorializadas de 2015. Al margen de Madrid, ello corresponde a las comunidades que más han recurrido a estos préstamos baratos provistos por el Gobierno central en 2012, ante el cierre de los mercados que enfrentaban casi todas las regiones. Cataluña (67.256,82 millones, un 30,1% del PIB), Comunidad Valenciana (44.795, 41,2%), Andalucía (31.986 millones, un 20,6% de su PIB), Castilla-La Mancha (13.362 millones, un 33,4%) y Murcia (8.637 millones, un 28,5%) son las regiones que más han acudido a esta ventanilla.

Desde el PSOE ven con buenos ojos una reestructuración más ambiciosa, con Baleares o Valencia al frente. Ya en 2015 se procedió a una reestructuración de los tipos de interés: entonces los préstamos que se habían otorgado hasta 2015 se les bajó el tipo a un 0,834%, mientras que los de ese año quedaron eximidos de interés –lo que explica que a Madrid no le beneficie la medida, ya que se acogió al FLA en 2015–.

La reforma de la financiación sigue varada y los últimos acontecimientos no ayudan. La dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha servido esta semana para dormir aún más la reforma: las dos regiones más poderosas, Madrid y Cataluña están sumidas en el desgobierno. Pese a que Hacienda debía haber enviado un informe recopilando las propuestas de las regiones la semana pasada al Comité Técnico de Evaluación, finalmente no mandó nada, apuntan fuentes autonómicas. El Consejo de Política Fiscal, programado para este mes con la reforma como punto principal, espera a que Madrid y Cataluña tengan presidente.

Como fuere, el proceso sigue adelante. Montoro animó hace unos días a los grupos a incorporar enmiendas a los Presupuestos para reestructurar la deuda autonómica. Dicho y hecho: el PSOE registró una enmienda el pasado viernes en la que propone que esta reestructuración atienda a la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Ello podría suponer el perdón de los intereses pero también una quita total de la deuda en manos del Estado, es decir, que la comunidad en cuestión no devolviera nada al Gobierno Central, que cuenta con 160.000 millones de pasivo autonómico en sus balances.

El PSOE pide añadir a la disposición adicional centésima trigésima sexta esta frase: «Estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras». Además, «la insuficiencia de recursos del sistema de financiación autonómica», sería uno de los factores que se atendería. El PSOE quiere que la reestructuración recoja la infrafinanciación ya señalada por el informe de la Comisión de Expertos, que llegaba a cifrar la insuficiencia en unos 16.000 millones.

Insuficiencia que perjudica a determinadas comunidades más que a otras que Montoro ya abogó por introducir en la reestructuración de deuda en el Congreso el pasado mes de enero para animar a los grupos parlamentarios a negociar. «Hay que ver qué hacemos con la deuda que las comunidades tienen contraída con el Estado», aseveró para resaltar en concreto «qué parte de esa deuda corresponde a la insuficiencia del sistema de financiación».

Algunas comunidades reciben más recursos que otras. La Comunidad Valenciana calculó que la infrafinanciación de las comunidades desde que se aprobó el actual modelo de financiación autonómica en 2009 asciende a 191.498 millones de euros . Si bien todas las comunidades abogan por una reestructuración, la división entre los barones recae en el cómo: comunidades como Galicia se oponen a «quitas» indiscriminadas, que penalicen a las regiones cumplidoras. El perdón de intereses puede ser un comienzo y goza de mayor consenso frente a otras propuestas más ambiciosas como las quitas. La negociación está abierta.