La CNMC multa a 12 empresas, Acciona y ACS entre ellas, con 61,3 millones por «alterar» licitaciones de Fomento

La investigación se inició en 2017 cuando la CNMC recibió una denuncia anónima. Tras realizar varias inspecciones, en 2019 inició un expediente sancionador contra 13 empresas, a las que añadió a Ferrovial Servicios en 2020, la cual finalmente no ha sido sancionada como autora sino como responsable solidaria. Ocho meses después, el organismo regulador del mercado decide multar con 61,3 millones de euros a estas empresas y con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

En su expediente sancionador, la CNMC revela que desde el 2010 hasta el 2018, los máximos directivos de cada una de las empresas del cártel tuvieron un total de 18 reuniones, que tenían lugar en las sedes de las compañías o en lugares públicos. Aunque el asunto de dichas convocatorias eran «tomar un café y contarnos nuestras penas y alegrías» o «adoptar posturas comunes», la investigación muestra que «su objetivo era el establecimiento de criterios para orientar la elaboración de las ofertas económicas a presentar por parte de las empresas a las licitaciones sobre conservación y explotación de carreteras que convocaba periódicamente el Ministerio de Fomento».

De esta manera, en cada una de las reuniones las empresas exponían «criterios comunes con el objeto de orientar la elaboración de las ofertas económicas a presentar», tal y como declaró una de las empresas del cártel, Aceinsa -de ACS- en su declaración de clemencia. También reveló que el cártel asignaba una ‘bolsa’ de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.

De este modo, según Competencia, conseguían limitar el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo. Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.

Además, para esas ofertas de cobertura, las empresas pactaban el umbral de descuentos de estas y se comprometían a pujar por todas las licitaciones. Con este ‘modus operandi’, lograban que ofertas de terceras empresas que sí eran realmente competitivas quedaran excluidas del proceso de contratación.

Con este método llegaron a adjudicarse 71 proyectos de los 101 que convocó Fomento en esos cuatro años. La suma de todos los contratos llega hasta los 530 millones de euros, una cifra que representa el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado

La mayor de las sanciones se la lleva API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones. Otra filial de ACS, Alvac, ha sido sancionada con 5,8 millones de euros, mientras que Ferroser (Ferrovial) con 5,7. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, Elsamex y Elsan (ambas de OHL) han sido sancionadas con 4 y 3 millones de euros, respectivamente. Por su parte, la multa a Acciona Mantenimiento asciende a 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), a 2,6 millones.

En el caso de Aceinsa, la empresa que realizó una declaración de clemencia, fue multada con 3,2 millones de euros. Una cuantía que se verá reducida a la mitad por acogerse al Programa de Clemencia. Además, también se libra de la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

No es la primera vez que las empresas matrices se ven envueltas en un caso de competencia desleal. Ya en 2019, la CNMC impuso una multa mucho mayor, de 118 millones de euros, a 15 empresas por repartirse de manera ilícita contratos públicos de Adif por valor de 1.000 millones de euros . En concreto, estas compañías, también filiales de ACS, Sacyr, Elecnor y OHL, entre otras, formaron tres cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional para repartirse el mercado desde el 2002 hasta el 2016. Es decir, durante catorce años.

Este proceso continúa su curso judicial, aunque los últimos dictámenes emitidos por los jueces de la Audiencia Nacional respaldaron a las compañías, al suspenderse cautelarmente las sanciones. Aun así, todo hace indicar que el caso terminará en el Supremo. Otra multa del organismo regulador fue la que impuso en 2015 al cártel de basuras, donde 39 empresas, incluidas filiales de FCC, Ferrovial y Sacyr, se repartían los contratos de basuras durante trece años. Esas multas también fueron suspendidas por la Audiencia Nacional, y todo parece indicar que también se decidirá en el Supremo.