Competencia abre expediente sancionador a Santander, Caixabank y Sabadell por abusos con los créditos ICO

La institución dirigida por Cani Fernández ha asegurado que esta investigación se inició a través del buzón que puso en marcha la CNMC durante el primer estado de alarma para que empresas y ciudadanos pusieran en su conocimiento prácticas contrarias a la competencia que se estuvieran produciendo. Un buzón que tuvo una gran acogida entre la sociedad y del que ha surgido este expediente.

«Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público», ha añadido Competencia en un comunicado. Ahora se abre un periodo de hasta 18 meses para dilucidar si ha habido infracción por parte de estos cuatro bancos, sin prejuzgar el resultado del expediente, como ha informado la institución.

El Santander, por su parte, ya ha reaccionado a su inclusión en este proceso sancionador de Competencia. « El banco ha cumplido con la normativa reguladora de las líneas de avales ICO Covid . En tal sentido, Santander no ha condicionado financiación con garantía ICO a la contratación de ningún otro producto o servicio y tampoco ha impuesto la utilización de dicha financiación para reestructurar deudas preexistentes», señalan desde la entidad financiera. Niegan haber incurrido en ninguna irregularidad, al tiempo que añade: «La actuación de Banco Santander ha sido totalmente respetuosa con la competencia entre entidades financieras en España en la contratación de líneas de avales ICO Covid y ha atendido con diligencia todos los requerimientos remitidos por la CNMC, sin tener todavía conocimiento específico de los hechos concretos que se pudieran imputar, a falta de conocer el expediente».

Desde Caixabank también se defienden ante el expediente sancionador: « CaixaBank y Bankia , en su momento, han ido facilitando a la CNMC toda la información que les ha ido solicitando sobre la comercialización de los productos ICO Covid y esperamos poder explicar mucho más en detalle este proceso de gestión para dar plena visibilidad sobre sus características. Confiamos en que el detalle y la prueba adicional que proporcionemos lleve al regulador a concluir que en ningún momento se produjeron conductas sancionables».

El Sabadell se pronuncia en términos muy similares a las otras dos entidades en un comunicado emitido: « Banco Sabadell  ha acompañado a sus clientes y formalizado más de 140.000 expedientes de crédito por un volumen superior a los 12.500 millones de euros cumpliendo con los requisitos legales establecidos, habiendo implantado los mecanismos de verificación y control pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, Banco Sabadell implantó mecanismos de control post-contratación adicionales, con el objetivo de confirmar que dichos expedientes se formalizaron cumpliendo con todos los requisitos específicos de estas líneas». Y añade que podrán aportar «todas las evidencias necesarias para acreditar su adecuado comportamiento y la idoneidad de los procedimientos y controles establecidos».

En la propia normativa aprobada por el Gobierno para facilitar liquidez a autónomos y pymes, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) estableció de forma expresa que las entidades financieras no podían incrementar de forma injustificada los tipos de interés ni exigir la contratación de productos vinculados.

El Banco de España , en los primeros compases de la pandemia, también advirtió a las entidades de que no podían vincular los avales del ICO a contratar también otro tipo de productos, ante lo que lanzó un comunicado señalando que revisaría «el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas bancarias».

«El Banco de España requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones (las de la norma) y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables», informó el supervisor en el mes de abril.