El colapso en la administración llega a la renta mínima: el Gobierno no ha aprobado ni un 1% de las solicitudes

A las solicitudes aprobadas hay que sumarle los 74.000 a los que el Gobierno abonó la ayuda desde el primer momento. En cualquier caso, actualmente tan solo cerca de 80.000 familias son la beneficiadas de esta ayuda, menos del 10% de lo calculado por el Ejecutivo.

El motivo de estos retrasos son varios. El más importante de todos es la importante carga de trabajo que están teniendo los funcionarios de Seguridad Social, sin apenas refuerzos en la plantilla , lo que retrasa la tramitación de las solicitudes recibidas. Un hecho parecido a lo que se ha vivido, y se sigue viviendo, con los pagos de los ERTE, que tras el alud recibido en los peores meses de la pandemia, los retrasos en el abono de la prestación fueron generalizados.

Esta carga de trabajo ya la denunciaron hace pocas semanas desde el sindicato CSIF. «Los trabajadores doblan turnos, trabajan los siete días de la semana, aportando sus propios recursos técnicos. Cada empleado está tramitando de media unos 100 expedientes diarios, con un alto grado de complejidad», explicaban en relación a los ERTE.

Otras causas que tienen paralizadas las ayudas del ingreso mínimo vital son las trabas burocráticas y las convalidaciones con las rentas mínimas ya existentes en las comunidades autónomas.

El ministro Escrivá ha señalado en la red social Twitter que gran parte de culpa también la tienen aquellas solicitudes que «se presentaron muy rápidamente». Según Escrivá, estas «son las más avanzadas en la tramitación» y «parecen tener un porcentaje alto de errores de documentación, que han de subsanarse».

Asimismo, el propio ministro reconoce tácitamente el atraso sufrido con la tramitación de estas ayudas. Así, en la misma red social expresó que darán datos sobre el ingreso mínimo vital «cuando los tengamos en un formato y una calidad suficiente; estamos trabajando en ello».