Bruselas logra un acuerdo para los Presupuestos y allana el camino para desbloquear los fondos europeos

La Eurocámara y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, han negociado el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 durante casi cuatro meses y han cerrado un pacto que todavía debe ser confirmado por ambas instituciones. Finalmente, eurodiputados y gobiernos han acordado reforzar en 15.000 millones de euros las dotaciones de programas clave como Erasmus, Horizonte (sobre I+D) o el nuevo programa sanitario EU4Health. La Eurocámara reclamaba aumentar el techo del gasto del presupuesto, pero el Consejo de la UE ha impuesto su postura en este punto.

En efecto, el nuevo dinero no supone un aumento en el límite superior pactado en julio por los jefes de Estado y de Gobierno, por lo que el Marco Financiero Plurianual (MFF) de periodo 2021-2027 ascenderá a 1,704 billones de euros. El refuerzo de las partidas clave provendrá, básicamente, de las multas que la Comisión Europea impone a empresas por prácticas anticompetitivas (11.000 millones) y de utilizar 2.500 millones en los márgenes del presupuesto.

Otro de los aspectos en los que se han impuesto los gobiernos sobre los eurodiputados es en el tratamiento de los intereses que generará la deuda para financiar el plan anticrisis. Finalmente, tal y como defendía el Consejo, se incluirán dentro del techo del presupuesto. A cambio, ambas instituciones han pactado una «hoja de ruta» para la introducción de nuevos recursos propios a medio y largo plazo que sirvan para pagar los vencimientos de dicha deuda.

«Hemos acordado una declaración común que dice que los nuevos recursos propios deben ser suficientes para pagar la deuda y no reducir los programas. No podemos aceptar que la deuda provoque que en el futuro se recorten los programas y los fondos », ha explicado el eurodiputado portugués José Manuel Fernandes, miembro del equipo negociador de la Eurocámara.

En este contexto, la Comisión Europea se ha comprometido a plantear propuestas legislativas en junio de 2021 para crear un impuesto a la entrada de carbono en el bloque y una tasa digital, con vistas a que entren en vigor el 1 de enero de 2023. Además, revisará el sistema europeo de comercio de emisiones en la primavera de 2021 y propondrá una nueva fuente de ingresos comunitarios en su nuevo formato.

Más allá de los anteriores, el Ejecutivo comunitario explorará otros recursos propios, entre los que se podrían incluir un gravamen a las transacciones financieras, una contribución financiera del sector empresarial o una nueva normativa para una base común del impuesto de sociedades. Bruselas prevé hacer una propuesta sobre este segundo paquete de impuestos en junio de 2024.

Las negociaciones del MFF eran el principal escollo para la puesta en marcha del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros con el que la UE quiere relanzar las economías europeas tras la pandemia de coronavirus, que ha sumido al bloque en una crisis sin precedentes. Sin embargo, todavía es necesario completar una serie de pasos más y Hungría y Polonia han amenazado con vetar la emisión de deuda con la que Bruselas va a financiar el plan anticrisis como protesta por el acuerdo que vincula el pago de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho.

Ahora, el presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 debe ser aprobado tanto por el pleno de la Eurocámara como por los Estados miembros. Los segundos deben dar su visto bueno por unanimidad, por lo que Budapest y Varsovia tiene aquí una primera posibilidad si optan por vetar el proceso. Pero además tienen la opción de bloquear la iniciativa que daría permiso a la Comisión Europea para emitir la deuda del plan de recuperación. Esta medida también necesita el respaldo unánime de las capitales y después debe ser aprobada por los parlamentos nacionales en un procedimiento que podría durar hasta tres meses.

En paralelo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE todavía deben acordar el reglamento que regirá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés), que es el principal programa del fondo de reconstrucción al repartir hasta 672.500 millones de euros entre transferencias y préstamos.