Bruselas avisa de que la maraña legal autonómica dificulta «seriamente» la competitividad de nuestra economía

Las «grandes fluctuaciones y la politización de la administración pública» y la «pesada burocracia» están, según el estudio, entre las principales causas que explican el retraso de España . Así, el tiempo necesario para poner en marcha una empresa es de 28 días, el doble de la media de la UE. Y el plazo para obtener una licencia de explotación se dispara hasta 116 días, el más largo entre los socios europeos. «Además de la burocracia pesada, la proliferación de reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles regionales y locales de la administración complica aún más el problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios», denuncia el Ejecutivo comunitario. «Hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada por un aumento del acervo reglamentario en el país en términos absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento de la productividad», resalta el informe, que recoge que el Gobierno tiene previsto afrontar este problema en su plan de reformas.

Entre las grandes economías de la UE, España ha sido «el país más duramente afectado por la crisis económica, tanto en términos macroeconómicos (fuerte aumento del desempleo, lenta recuperación del crecimiento del PIB) como a nivel de las empresas (empeoramiento de los márgenes de beneficio, número de cierres empresariales)». Según el análisis de Bruselas, el empeoramiento del entorno empresarial y la dificultad del acceso a la financiación de las empresas pueden haber contribuido a estos malos resultados. «Además, algunas características de las empresas españolas pueden explicar su menor resistencia, por ejemplo el tamaño inferior de la media de las empresas españolas en comparación con países con un nivel de desarrollo similar, la menor productividad y el nivel más bajo de innovación e internacionalización», afirma el informe.

Por ello , Bruselas propone «reforzar el sistema de garantías y préstamos a las pymes con respaldo gubernamental». También denuncia que «el retraso en los pagos por parte de las autoridades públicas sigue siendo un tema central de preocupación en España» y pide un «seguimiento minucioso» del programa de pago a proveedores.

En materia de innovación, Bruselas alerta también de que «los recortes actuales en la inversión pública, junto con las inversiones aún reducidas en I+D por parte de las empresas, pueden plantear nuevos desafíos en los próximos años». Por ello, recomienda «la eficacia del gasto público e introducir una sistema de financiación más basado en los resultados, que vincule una parte de la financiación institucional a los progresos en materia de excelencia científica, nivel de internacionalización y cooperación entre el sector público y privado».

Por lo que se refiere a las infraestructuras, el Ejecutivo comunitario cree que «España debería limitar la nueva inversión a aquellos proyectos para los que hay una demanda real y que son asequibles, teniendo en cuenta los altos costes de oportunidad de los fondos públicos». En particular, Bruselas pide dar prioridad al transporte de mercancías por ferrocarril «dado su infradesarrollo actual y su carácter ecológico». «Mientras que la media de todo el transporte de mercancías por ferrocarril en la UE es del 20 %, en España es solo del 4 %", señala el estudio».