La luz bate un nuevo récord y registra un máximo con 75 euros el megavatio

Desde UATAE consideran necesario imponer una racionalización de los precios e «implantar medidas urgentes para impedir que los pequeños autónomos tengan que cerrar por facturas desorbitadas que deberían ser ilegales».

UGT ha defendido hoy que el Gobierno debe implementar las medidas necesarias para evitar que la inflación, que en agosto fue del 2,2 %, siga mermando el poder adquisitivo de la ciudadanía, para lo que reclama una subida de impuestos que permita elevar el gasto público y la regulación de los precios de la electricidad, principal motor de crecimiento de los precios.

«Hay margen de sobra» para elevar los ingresos públicos, ha asegurado el sindicato tras conocer que el IPC acumula cuatro meses consecutivos por encima del 2 % impulsado por la "desbocada" subida de la luz, que merma aún más el poder adquisitivo de una sociedad azotada por una "profunda" devaluación salarial.

A su juicio, la población es cada vez más vulnerable a un sistema de fijación de precios de la luz que es «evidente» que debe ser modificado, ya que "la electricidad es un bien de primera necesidad y no se puede permitir que registre subidas continuas, sin sujeción a criterios de ningún tipo".

UGT también se ha referido al Índice del Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicado también el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra que el coste por hora trabajada bajó el 2 % en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2017.

Según la agrupación sindical, estos datos reflejan que los salarios siguen sin crecer y perdiendo poder de compra mes a mes, pese a que la economía se encuentra en plena fase expansiva y las empresas están obteniendo beneficios muy elevados.

«En momentos de crecimiento económico no tiene sentido que los salarios continúen perdiendo poder adquisitivo y que el empleo creado alcance las mayores cotas de precariedad», afirma UGT, que pide la reversión urgente de las medidas más agresivas de la reforma laboral y actuar de manera «decidida y contundente» en la mejora de la calidad del empleo.

Además, ve necesario aumentar los salarios y revertir los recortes de servicios públicos esenciales, incrementando los ingresos públicos, para lo que «hay margen de sobra», ya que «la diferencia respecto a la zona euro es de ocho puntos sobre el PIB», asegura.

Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz , una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales , al considerar que manatener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial.

Así se lo ha trasladado el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez en una reunión mantenida este martes.

En ella le ha entegrado un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas.

En opinión de FACUA, resulta injustificado que a un suministro esencial como el eléctrico se le aplique el IVA más alto . La asociación también reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen 10 kW de potencia contratada y un tope razonable de kWh de consumo al año.

Además de repercutirse a la luz el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años . Pasó del 16 al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%.

A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. En opinión de Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

La asociación opina que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-.

Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

En la actualidad, el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad elevan el recibo un 27,19% . El porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España.

La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa semirregulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores aún no adecuados a la telegestión. El perfil de usuario medio, según el análisis de decenas de miles de facturas realizado por la asociación, consume 366 kWh al mes -4.392 al año- y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.