La armonización fiscal amenaza el relevo generacional de las empresas

Así las cosas, la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año llevaba implícita la aplicación de la norma para todas las autonomías de subir del 5% al 15% la participación individual mínima para poder estar exento del pago del impuesto de Patrimonio, así como la duplicación del 20% al 40% en caso de grupo familiar.

Esta enmienda, aunque f inalmente rechazada por el Ejecutivo , previsiblemente seguirá estando sobre la mesa en las negociaciones de la reforma del sistema de financiación autónomico que el Gobierno pretende iniciar en febrero de 2021.

Una reforma que además lleva consigo la conciliación autonómica del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en casos como Madrid -al que desde el partido independentista catalán acusan de «dumping fiscal»-, está bonificado al 100% y que también podría ser una piedra más en el camino en el relevo generacional de las empresas, ante la imposibilidad de muchos herederos de hacer frente al pago de este tributo por falta de liquidez.

De salir adelante, consecuentemente llevaría a la disolución, venta de acciones u «obligación» de traspaso de centenares de compañías, que no podrán culminar el cambio generacional ya sea por no alcanzar la mínima participación exigida a sus accionistas o por no poder hacer frente al pago de este impuesto .

De hecho, según explica el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, «con esta reforma lo que pretenden es dejar sin sentido y sin objeto a las empresas familiares , porque en el 90% de las de segunda generación su porcentaje de participación de las accionistas será inferior al que marca la ley, al igual que los de tercera».

Para entender la importancia que las firmas familiares tienen en el tejido empresarial de nuestro país hay que conocer sus números. Según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 88,8% de las compañías españolas pertenecen a esta categoría, que genera el 66,7% del empleo en España, mientras que su contribución económica alcanza el 57,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta fotografía podría verse mermada en los próximos meses por la gran cantidad de empresas con su futuro lastrado por la pandemia.

Hay que remarcar que la mayoría de las empresas en España son pymes con capital muy limitado y que han tenido que acudir a mecanismos como los ERTE o los prestamos ICO para salvar sus cuentas y capear el temporal que el Covid-19 ha dejado.

De hecho, el último barómetro del Instituto de la Empresa Familiar deja un sabor agridulce en cuanto al futuro de los negocios familiares. Así, tan solo un 31% de las firmas encuestadas prevé aumentar sus ventas el próximo año , una de cada cuatro acreditó que tendrá que reducir su plantilla en 2021, mientras que más de la mitad no vaticina su recuperación económica al menos hasta 2022.

De la misma forma, tan solo el 15% afirmó haber aumentado su facturación este año, con casi una de cada tres empresas encuestadas reconociendo haber acudido a financiación para no poner sus números en rojo. Además, un 56% declara haber llevado a cabo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE ) para reducir costes de personal en un momento de escasa actividad laboral.

Una sucesión de hechos que también confirma la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, Marta Beltrán, que lamenta que en el caso de la región madileña el 70% de las empresas familiares reconoce que facturarán durante 2021 lomismo o menos que en 2020, y un 90% cree que mantendrá igual o menor nivel de empleo.

«Las empresas siguen necesitando liquidez en tanto no se reactive la economía al 100% y, más que nunca, dada la profundidad de la crisis, un marco normativo que aligere la carga fiscal de las empresas, que retire trabas administrativas y que incentive la inversión. La clave está en conseguir que sobrevivan e incluso que se hagan más robustas y competitivas, asegurando así la generación de empleo y la estabilidad social», explica Beltrán en declaraciones a ABC.

En esta misma línea, la presidenta de las firmas familiares madrileñas explica que la subida de impuestos que conllevaría la armonización autonómica es «contraproducente y pone en peligro la recuperación, además de introducir un elemento de inseguridad jurídica que no contribuye en nada a incrementar la confianza entre los ciudadanos e inversores».

Porque como indican también desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, la igualación fiscal a la que aspira el Ejecutivo no solo perjudica a Madrid, sino al conjunto de las comunidades autónomas que verían su competitividad menguada respecto al resto de regiones de la Unión Europea.

«En un contexto de libre circulación de capital como el que vivimos, la tributación patrimonial podría provocar la deslocalización o poner en riesgo la continuidad empresarial, sobre todo en el caso de las pymes. Por el bien de todos, es necesario procurar que el ganso no grazne», apostilla su presidente Gerardo Cuerva.