Los empresarios rechazan con contundencia que el estado de alarma se extienda hasta mayo

El líder de la patronal defendió que las decisiones que se tomen se hagan «sin renunciar a ningún sector». «Es fácil demonizar un sector» , como el comercio, la hostelería y el turismo, lo que consideró un «auténtico error». Y añadio que «parece ahora que el problema de España es que hay turismo».

Entre los empresarios de la capital, una de las comunidades más afectadas económicamente por la crisis, las intenciones del Gobierno suponen la confirmación de que el apoyo ofrecido por este debe elevarse un nivel más, puesto que la crisis deja de ser temporal para convertirse en estructural. Según Miguel Garrido, presidente de la patronal de los empresarios madrileños (CEIM), «la situación requiere medidas estructurales , no podemos seguir afrontando con parches una crisis que el Gobierno ya reconoce que va a necesitar de un estado de alarma de seis meses». Coinciden los empresarios que la realidad de muchas empresas va hacer inevitable que numerosas compañías se vean obligadas a adaptarse a un nivel de demanda muy inferior al que tenían antes de la pandemia. «Para muchos, solo va a haber dos opciones, el despido de parte de la plantilla o el cierre de la empresa» , se lamentó Garrido.

A estas críticas se sumó la patronal catalana Fomento del Trabajo. La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre exigió ayer al presidente Pedro Sánchez una inyección urgente de 50.000 millones para las empresas en forma de ayudas directas al margen de las que puedan llegar de Bruselas. «El Gobierno debe ser realista y estar a la altura de las circunstancias y, del mismo modo que están haciendo los principales países de la UE, actuar ante una economía que está paralizada», dijo. Para Fomento, las pequeñas y medianas empresas de servicios se encuentran «al límite de su viabilidad», anticipándose a lo que pronostican que puede ser en los próximos meses un cierre masivo, informa Àlex Gubern.

Estas inquietudes de los empresarios han quedado reflejadas en la encuesta que realiza anualmente el Instituto de la Empresa Familiar y que en esta ocasión apunta que el 68% de las empresas familiares prevén en 2021 un crecimiento frágil de actividad y sin creación de empleo . Además, el 53% cree que hasta 2022 no recuperarán los niveles de facturación previos a la crisis. Asimismo, las empresas familiares dan un suspenso (4,1 puntos sobre 9) a la situación económica actual, el peor dato desde 2014.

La encuesta fue presentada ante el Rey Felipe VI –que inauguró el Congreso de los empresarios–, que pidió a los empresarios que mantengan su «compromiso ante los momentos tan complicados que seguimos viviendo». «Tenemos que poder dar más esperanza»; «nadie duda de que el 2020 está siendo un año difícil, pero no podemos caer en el pesimismo» , subrayó. Y añadió que es «en momentos como estos cuando las instituciones, las empresas y las familias tienen que demostrar su capacidad y voluntad para unir fuerzas y encontrar soluciones que procuren atender tanto el corto como el medio y largo plazo», informa Almudena Martínez-Fornés.

Durante su intervención, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, afirmó que en momentos como los actuales es cuando más «se pone de manifiesto el papel que la Corona representa como muestra de la estabilidad institucional» que necesita un país para crecer y desarrollarse día a día y superar situaciones críticas como la actual por culpa de la pandemia.

Puig subrayó además que las empresas familiares son «imprescindibles» para sacar adelante el proceso de relanzamiento, recuperación y transformación que tiene que abordar España, por sus valores y su capacidad de liderazgo.

Por otra parte, Antonio Garamendi aprovechó su intervención para dos apuntes más. Por un lado, manifestó que «parece que está prohibido ser rico. Si a una empresa le va bien, el empresario tiene derecho a ganar dinero»; y potr otro, para criticar al Ejecutivo por pactar la derogación de la reforma laboral con un partido «que no ha renegado de la violencia, cuando de los 800 muertos por ETA, 45 fueron empresarios».