Un amplio surtido de escollos que lastra la competitividad comercial

La Comisión Europea aprobó una comunicación en abril en la que hace una especie de foto fija del sector del comercio en todo el Viejo Continente y, como no podía ser de otra manera, establece un ranking de restricciones comerciales en los distintos países en los que España no sale demasiado bien parada ya que, según sus cálculos, es el segundo país europeo en el que hay más trabas a la actividad comercial.

De este modo, Bruselas demanda a los Estados modernizar su marco normativo porque «la regulación diseñada predominantemente para el comercio físico limita la capacidad de las empresas para adaptarse y reaccionar a los cambios producidos por el comercio online y la transformación digital».

Así, el Ejecutivo comunitario lanza un mensaje directo a nuestro país: «La acumulación de diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local, como ocurre en España, tienen un impacto muy negativo sobre la eficiencia, los precios y la competencia».

El mencionado documento, presentado por Jyrki Katainen, vicepresidente de Fomento del Empleo, y Elzbieta Bienkowska, comisaria de Mercado Interior, se muestra muy duro respecto a prácticas aplicadas por la mayoría de Comunidades autónomas, como es el caso de «las barreras a la apertura de nuevas tiendas, las restricciones de horarios comerciales, los impuestos específicos o las regulaciones de las rebajas y los canales de distribución».

En concreto, señala que «siguen aplicando barreras a la apertura de nuevas tiendas en muchos casos desproporcionadas ya que restringir la concesión de licencias de apertura al tamaño de las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados en muchas autonomías puede moldear de forma artificial la oferta comercial afectando a los formatos y al tamaño de las tiendas abiertas».

En cuanto a los horarios comerciales, Bruselas advierte en su comunicación que «el ecommerce ehttps://www.abc.es/20120715/local-madrid/abci-libertad-horarios-comerciales-201207141742.htmlstá cambiando significativamente los hábitos de consumo y las tiendas físicas pueden tener problemas para mantenerse frente a la competencia del comercio electrónico», y de ahí que el ejecutivo comunitario reclame a las Administraciones más flexibilidad y unas reglas de juego más equilibradas con el ecommerce».

La realidad es que el panorama comercial en España está muy fragmentado ya que hay Comunidades autónomas en las que hay liberalización total, como es el caso de la Comunidad de Madrid, mientras que en otras como Cataluña o Andalucía es prácticamente imposible o por lo menos muy complicado hacer la compra un domingo o un día festivo, excepto las zonas declaradas de afluencia turística, que normalmente no es donde reside la mayoría de la población.

En el caso de la comunidad andaluza, por ejemplo, una de las regiones de nuestro país más visitada por los turistas, se acaba de aprobar el nuevo calendario de apertura de los diez domingos y festivos para 2019 y, como detalle, le da el visto bueno con más antelación que otros años para permitir a los ayuntamientos que debatan y consensúen con los agentes sociales la permuta de uno de estos días en su municipio, para atender mejor las necesidades de sus vecinos y comerciantes.

Este es solo un ejemplo de como se entiende en algunas regiones españolas la libertad de establecimiento y horarios que propugna la Directiva Europea de Servicios. Y otro tanto pasa enCataluña, con el agravante en este caso de que se trata de la Comunidad Autónoma más visitada por los turistas extranjeros que eligen nuestro país para disfrutar de sus vacaciones.

Pero buena parte del Viejo Continente avanza en otra dirección. La Comisión Europea menciona el caso de Finlandia, país en el que se han liberalizado completamente los horarios comerciales, «con un impacto muy positivo en el empleo y la competencia».

Además de esta nación nórdica hay otros 12 países que también tienen los horarios comerciales liberalizados, entre los que se encuenran Suecia, Irlanda, Portugal e Italia. España, por su parte, se posciona en cabeza en materia de restricciones, con una regulación de horarios fragmentada en 17 normativas autonómicas, a la que se suman las restricciones locales.

La cuestión de fondo es que Bruselas quiere que el sector comercial no pierda competitividad con los nuevos modos de comprar, fundamentalmente ligados al ecommerce, para lo que propone que los 3,6 millones de empresas activas en este sector, fundamentalmente pymes, se enfrenten cada vez a menos restricciones a la hora de realizar su actividad ya que, «un mejor desempeño de ellas supondrá la consiguiente mejora para el conjunto de la economía».

El Mercado Único Europeo permite a los comerciantes tener acceso a un mercado de 500 millones de habitantes, pero para poder aprovechar todo este potencial es necesaria una regulación favorable en el sentido de poder atender los pedidos online y off line, o lo que es lo mismo, que tengan la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a los rápidos cambios del mercado a nivel global.

Una de las cosas que plantea la Comisión Europea es que aún hay margen para desarrollar el comercio transfronterizo dentro de Europa pero para ello sería necesario que se potenciara la venta online, de la que se autoexcluyen el 80% de las tiendas en Europa, según los datos arrojados por un reciente estudio.

Otro de las estadísticas que explican el interés de Bruselas en el sector comercial es que está por detrás del de otros países en materia de productividad. En especial si se toma como referencia países como Canadá, Japón o el propio Estados Unidos, todos ellas comparables a la Unión Europea en cuanto a tamaño y nivel de desarrollo se refiere. El Ejecutivo comunitario considera que una de las principales diferencias que hay en Europa en relación con los países mencionados es que «los comerciantes tienen que cumplir con numerosas regulaciones complejas que, además, están establecidas a nivel nacional, regional e incluso local, de ahí la dificultad. La realidad es que todas estas restricciones hacen que, en conjunto, el sector comercial europeo sea menos dinámico con menores entradas y salidas y, lógicamente, menores perspectivas para la generación de empleo».

Pero, desde luego, la manera que realmente puede reequilibrar un poco el mercado sería hacer que todas las empresas dedicadas al comercio paguen los correspondientes impuestos, cosa que no sucede en gigantes como Amazon, que como empresa nativa digital, es capaz de mover facturación de un país a otro en busca del tipo menor del Impuesto de Sociedades.

En este contexto se enmarca la reciente iniciativa de la Comisión Europea de imponer una tasa temporal del 3% sobre la facturación de las grandes empresas digitales (Google, Apple, Amazon, Facebook, AirBnb, Uber...) para acabar con su situación ventajosa en la tributación aunque, para implementarse, la medida debe ser apoyada por todos los países europeos y ratificada en el Parlamento Europeo. Iniciativa a la que también se ha sumado recientemente en España con el objetivo de financiar la subida de las pensiones, cosa que ha sido criticada por el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en el sentido de que cualquier medida de este tipo es más eficaz se se armoniza a nivel europeo y no cada país por su cuenta.

Al margen de que los más grandes del «retail» online pasen por las respectivas Haciendas, en este punto hay que hacer mención a la mencionada Directiva Europea de Servicios, que señala claramente que la proporcionalidad es una de las claves del Mercado Único Europeo, y sobre todo en el ámbito comercial. De este modo, la mencionada Directiva establece que «los comerciantes no deben ser sometidos a una serie de restricciones que podrían ser desproporcionadas, como pueden ser el caso de los requerimientos explícitos sobre restricciones territoriales, como puede ser por ejemplo una determinada planificación en una ciudad o un barrio sobre los tipos de negocios que se deben establecer en una determinada área comercial».

Otro ejemplo que recuerda la Comisión Europea es el relativo a las razones económicas, en el sentido de que la misma Directiva señala que «las autoridades deben revisar su normativa y prácticas para asegurar que los datos económicos no son usados para obstaculizar la apertura de un nuevo establecimiento comercial».

Una de las conclusiones que se extraen de esta comunicación de la Comisión Europea es que, según ella, «si se siguen las recomendaciones, reducir las restricciones comerciales tendría además un efecto positivo en la industria en general al aumentar la producción y, de paso, los precios tenderían a bajar».

Francia es uno de los países del Viejo Continente con más trabas para hacer negocios y, lógicamente, también comerciales, y para darse cuenta de ello no hay más que darse un paseo un domingo por cualquier centro de una ciudad, en una especie de epidemia de tiendas con los cierres echados. La situación llegó a ser tan curiosa que hace unos años el Gobierno de París permitió la apertura de un centro comercial de los alrededores de la ciudad y los atascos de parisinos que deseaban comprar en domingo eran kilométricos. Como no podía ser de otra manera este asunto también ha evolucionado en los últimos años y ahora es más habitual que en las ciudades los grandes almacenes abran los domingos, situación que por el contrario no se da en el conjunto del país, que sigue más anclado en el anterior sistema de cierre dominical para, en teoría, proteger el empleo y las tiendas tradicionales, cosa que se ha demostrado que no es así sobre todo con la irrupción del ecommerce.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó a finales de abril que los impuestos autonómicos que gravan a los grandes establecimientos comerciales para compensar el impacto que ejercen sobre el territorio y el medio ambiente son legales en base al derecho comunitario ya que «ni la libertad de establecimiento ni el derecho en materia de ayudas de Estado se oponen» a estas tasas. En concreto, la Justicia europea ha considerado que las exoneraciones a ciertos locales en función de las dimensiones o de la naturaleza de la actividad comercial que llevan a cabo no constituyen una ayuda de Estado si los establecimientos que están exentos de pagar este impuesto «no generan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros». No obstante el tribunal con sede en Luxemburgo señala en la sentencia que «no cabe excluir, a priori, que el criterio de tributación de la superficie de venta favorezca, en la práctica, determinadas empresas o producciones, aliviando sus cargas respecto de aquellas que están sujetas a los impuestos en cuestión».