Adicae se querella contra la excúpula del Popular por la quiebra del banco

En concreto, se dirige contra los dos últimos Consejos de Administración del Popular, en los que figuran el exconsejero delegado Pedro Larena, su sucesor Ignacio Sánchez-Asiaín, el exvicepresidente Roberto Higuera y Reyes Calderón, como integrante de la comisión de nombramientos.

La asociación considera que los gestores habrían incurrido en otros delitos económicos: uno contra el mercado de valores por el posible "falseamiento o desinformación" sobre la situación de la cartera, así como maquinación para alterar los precios de sus acciones en Bolsa.

A éstos achaca además un posible uso de información privilegiada dentro del Consejo con el "fin de hacerse con el control del banco", lo que habría provocado que "inversores más potentes e institucionales modificaran sus posiciones en la última etapa" favoreciendo la "fuga de depósitos" previa al proceso de resolución y su "falta de liquidez".

Según ha explicado el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la acción, presentada como acusación popular, busca "defender el interés de los pequeños accionistas y ahorradores" cuyo único derecho es "votar cuando las decisiones ya están tomadas".

Pardos, que ha anunciado que en las próximas semanas presentarán otra querella en representación de más de 1.500 inversores, se ha referido al papel de las instituciones europeas, y ha recordado que la operación que acabó con la adjudicación del Popular al Santander se basó en leyes comunitarias "de significado dudoso" que no se han aplicado en países como Italia, a pesar de la delicada situación de sus bancos.

Al respecto, el abogado Víctor Cremades, encargado del procedimiento, ha asegurado que si bien la causa se prevé "compleja", desvelará "la terrible captación de dinero" puesta en marcha por el Popular "de forma irregular".

Especialmente, entre enero de 2009 y noviembre de 2011, cuando comercializaron productos financieros de carácter "tóxico y complejo (...) engañando e infringiendo la ley", expone la querella.

Además de solicitar la declaración como investigados de las personas contra las que se dirige, el documento pide las comparecencias en calidad de testigos del ministro de Economía, Luis de Guindos; de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín; del subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, y de la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana María Martínez-Pina.