El abuso de los prefijos telefónicos 118 que el Gobierno evita regular a fondo

El Gobierno del Partido Popular ya reguló en febrero de 2018 estos prefijos y desde entonces se obliga a que se establezca una locución previa más clara informando del precio. También se limitó el tiempo máximo de conversación a 10 minutos y se suprimió el establecimiento de llamada. Además, si el precio para la progresión de llamada supera los 2,5 euros por minuto , es necesaria la petición formal y expresa del usuario. Antes de que entrara en vigor esta normativa, se podían llegar a cargar hasta seis euros por establecimiento de llamada. Sin embargo, las asociaciones de consumidores denuncian que esta regulación no es suficiente y reclaman una mayor intervención por parte del Ejecutivo.

En este sentido, Facua-Consumidores en Acción lamenta que el Gobierno siga desatendiendo sus reivindicaciones para proteger a los consumidores de los «numerosos fraudes» que se producen a través de líneas telefónicas con prefijo 118. «El Ministerio de Consumo no ha contestado al escrito que le trasladó hace más de un año exponiéndole las irregularidades y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha respondido que la normativa vigente es eficaz y que el sector está sometido a continuamente a controles», explican desde Facua.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Consumo respondió a ABC que se trata de un asunto cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas y recordó que las irregularidades en temas de consumo se deben denunciar ante los organismos regionales.

En este contexto, Facua exige que se realicen las modificaciones normativas necesarias para prohibir el desvío de llamadas desde las líneas 118 a otros números . También reclaman más control y que se introduzca la obligación de que las operadoras de telecomunicaciones incorporen en sus recibos la información sobre los derechos que asisten a los consumidores cuando les facturen llamadas a estas numeraciones.

La asociación añade que es sorprendente que si, tal y como defiende el Ministerio dirigido por Nadia Calviño en su escrito, «la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales inspecciona continuamente el funcionamiento de los servicios de información sobre números de teléfono 118», no hayan advertido la gran cantidad de empresas que están cometiendo estos fraudes.

Desde la asociación de consumidores OCU también critican que el Gobierno haya rechazado sus principales reivindicaciones al respecto : que sean considerados servicios de tarificación adicional a todos los efectos, que se ofrezcan desactivados por defecto y una definición más precisa de responsabilidades y sanciones en caso de incumplimientos.

Los precios de las llamadas a estas líneas pueden costar hasta 3,03 euros por minuto (2,50 euros más el IVA) . Con estas cifras, una conversación de 10 minutos -el tiempo máximo permitido- puede superar los 30 euros. La normativa del sector llega a permitir que estas tarifas sean más elevadas en determinadas numeraciones que requieren del consentimiento previo del usuario para activarle el acceso a ellas. En consecuencia, la tarifa continúa aplicándose una vez se desvía la llamada al teléfono que realmente es de la empresa o administración que buscaba el usuario.

Desde la OCU indican que los elevados precios y la publicidad con la que a veces se promocionan deben de poner en alerta a los usuarios para evitar caer en el cebo. La numeración permite ofrecer «progresión de llamada» y mantener los recargos y costes del 118 durante toda la conversación . «Una llamada que iba a ser corta se puede alargar durante varios minutos y el resultado puede ser catastrófico para tu bolsillo», avisan desde la OCU.

Por su parte, Facua conseja a los usuarios que reclamen a sus compañías la anulación de los cargos de las llamadas a líneas 118 si se realizaron como consecuencia de un engaño. El consumidor también podrá exigir el reeembolso si al inicio de la llamada no hubo una locución inicial para informar de forma clara de su precio por minuto.