El abogado de los hermanos Ruiz-Mateos reitera que no hubo estafa en la compra de dos hoteles

El abogado defensor de los seis hermanos, Juan Manuel García-Gallardo, ha pedido de nuevo esta mañana la libre absolución de sus clientes, al considerar que no habrían cometido ningún delito. El letrado ha atribuido a la crisis económica el hecho de que finalmente no se hubieran podido hacer efectivos los pagos acordados. García-Gallardo ha negado, además, que hubiera podido haber algún tipo de engaño en la compraventa de los dos hoteles por parte de sus clientes. Asimismo, ha reiterado que habría sido José María Ruiz-Mateos quien impulsó la citada operación, de la que por tanto no se podría responsabilizar penalmente a sus hijos.

A lo largo de las dos semanas que ha durado la vista oral, las declaraciones de los acusados se han centrado también, en mayor o menor medida, en intentar descargar las responsabilidades por este caso sobre su propio progenitor . Así, habría sido el fundador de Nueva Rumasa quien en su momento negoció en solitario la compraventa de los dos hoteles citados y también quien decidió qué empresas debían actuar como avalistas en la operación. En ese contexto , García-Gallardo ha indicado este martes que cuando Ruiz-Mateos padre delegaba algunos asuntos, lo hacía siempre en personas de su estricta confianza desde hacía muchos años y no en sus hijos.

Por lo que respecta a los testigos presentes en la causa, en días pasados varios de ellos vinculados a Nueva Rumasa declararon que las decisiones de carácter empresarial sólo las tomaba, efectivamente, el patriarca de la familia. En cambio, antiguos accionistas del Beverly Playa y del Beverly Park coincidieron en señalar que en su momento consideraron que los hoteles habían sido vendidos a la familia y no sólo a José María Ruiz-Mateos.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau mantuvo el pasado viernes la solicitud de siete años de cárcel para cada uno de los seis acusados. Carrau atribuye a Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos los delitos de estafa agravada e insolvencia punible por la citada compraventa, en su condición de empleados de Nueva Rumasa.

Según el Ministerio Público, los acusados habrían aparentado «una solvencia en realidad inexistente » para que los distintos accionistas del Beverly Playa y del Beverly Park les vendieran sus respectivas participaciones. En el caso concreto de la familia que presentó la querella inicial en esta causa, hace nueve años acordó vender sus acciones a los Ruiz-Mateos por casi 11,7 millones de euros.

Cabe recordar que en diciembre de 2008 se formalizaron dos escrituras públicas de compraventa, una suscrita con dicha familia y otra rubricada con el resto de propietarios de ambos establecimientos. El precio total acordado ascendió a 75,8 millones de euros, cifra resultante de sumar los 11,7 millones de euros ya citados y los 64,1 millones pactados con el resto de accionistas. Del montante global, los compradores «consiguieron aplazar» un 80,8 por ciento del pago que debía hacerse, es decir, 61,3 millones de euros.

Para Carrau, hace nueve años los acusados «presentaron garantías y avales personales que eran inveraces» para obtener la titularidad de los dos hoteles. Según el fiscal, poco después de la adquisición de ambos establecimientos y de haber sido hipotecados, los Ruiz-Mateos habrían hecho desaparecer «los fondos así obtenidos sin efectuar el pago del precio convenido». El dinero logrado habría sido destinado a «beneficio particular» de los propios imputados. Además, los ahora acusados sólo habrían atendido los vencimientos de los pagarés durante un año y cuatro meses , hasta abril de 2010.

En sus conclusiones definitivas, Carrau mantuvo el pasado viernes la posición ya fijada antes del inicio del juicio, si bien añadió una petición subsidiaria. Así, el fiscal solicitó que si finalmente el tribunal considerase que los hechos juzgados no suponen una estafa, la condena por insolvencia punible pase a ser de tres años de cárcel, en lugar de los dos años y medio pedidos en el originario escrito de acusación. Por el delito de estafa, Carrau solicita cuatro años y medio de cárcel. El juicio ha quedado este martes visto para sentencia.