Un tutor personal guiará a cada parado a encontrar trabajo

Pero con la recuperación económica en marcha también se busca una recuperación de los servicios de empleo, pieza clave en la que se quiere apoyar el Ministerio de Empleo para ayudar en el cambio que se está produciendo en el mercado de trabajo tras años de fuerte destrucción de empleo, de 3,5 millones de puestos de trabajo.

Encontrar empleo a los parados, especialmente a los de larga duración, se ha convertido en una emergencia nacional. Tras analizar lo que ocurre en otros países de Europa, la ministra de Empleo, Fátima Bañez, ha diseñado un plan con los agentes sociales y las comunidades autónomas que esta semana sellaba en Moncloa en presencia del presidente del Gobierno , Mariano Rajoy. El acuerdo incluye una renta de 426 euros a parados que lleven más de un año en el desempleo, una renta de supervivencia para hogares sin ingresos, que estará estrechamente ligada a políticas activas de empleo, a realizar formación y que podrá cobrarse durante un máximo de seis meses.

La gran novedad que hay detrás de esta ayuda es que lleva aparejado un giro en la gestión realizada hasta ahora por el antiguo INEM. El parado ya no tendrá que cumplir tan solo con su presencia en la oficina de empleo para sellar el registro; ahora estará guiado y enfocado hacia la búsqueda de un puesto de trabajo.

La idea es que cada uno de los 4,5 millones de parados registrados tenga su propio «perfil», lo que permitirá diseñar una hoja de ruta personalizada para cada uno de ellos, un itinerario «ad hoc» que haga más fácil su vuelta al mercado de trabajo.

Este nuevo diseño asociará una cuenta propia de formación a cada parado, donde se especificará la formación recibida a lo largo de su carrera profesional. De esta forma será orientado a la realización de los cursos formativos más adecuados a sus capacidades, lo que evitará situaciones que actualmente se producen, en las que el parado realiza cursos de formación que nada tienen que ver con su capacitación. Un parado que ha trabajado en el sector de la construcción recibe hoy el mismo trato por los servicios públicos de empleo que, por ejemplo, otro parado que antes de serlo trabajó en la industria.

Ahora el parado deberá participar en las políticas activas de empleo. Tendrá que comprometerse a realizar una búsqueda activa de empleo y a acreditarla ante el registro. Estas acciones serán tanto las que realice directamente el solicitante como las propuestas por las oficinas de empleo o las agencias privadas de colocación, pieza clave también en la transformación prevista.

En definitiva, de lo que se trata es de definir una nueva estrategia de empleo que implique a todos los agentes y que el servicio público sea capaz de identificar colectivos prioritarios, a los que urge más encontrar un trabajo, y detectar también territorios donde los esfuerzos deben ser mayores.

Como ya informó este periódico, los servicios públicos de empleo solo intermediaron en el 2,6% de los casi 3,8 millones de contratos que se realizaron en el segundo trimestre de 2013. Esto significa que el antiguo INEM, que recibe un presupuesto que roza los 30.000 millones, únicamente colocó a 98.775 desempleados entre los meses de abril y junio del año pasado, y la mayor parte de ellos con un contrato temporal.

La consecuencia de esta escasa intermediación es que solo un tercio de los parados esperan que los servicios públicos de empleo se pongan en contacto con ellos, lo que supone la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó en 2005, según datos de los servicios de empleo. Al término del pasado año solo el 31,3% de los parados que buscaban trabajo estaban a la espera de una llamada de las oficinas del empleo, porcentaje cuatro puntos inferior al registrado un año antes (35,5%).

Previo a esta reforma, Empleo ligó a resultados los fondos que reciben las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Así, en 2015 seis de cada diez euros solo se transferirán si se consiguen los objetivos comprometidos. 1.252 millones de euros se han repartido las regiones para este ejercicio.

En 2013 fue el año en el que comenzó la transición gradual hacia la nueva cultura de evaluación que condiciona el reparto de los fondos. En 2015 el 15% del importe total se ligó a resultados y un 40% de los fondos para 2014 están subordinados a los resultados de 2013.