«La corrupción provoca el auge de los extremismos y los nacionalismos»

Aunque no hay cantidades oficiales sobre su repercusión en la economía del país, Friedrich Schneider, catedrático de la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria), ha cifrado el alcance de la corrupción en España en unos 10.230 millones de euros anuales. Esto equivaldría al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de 2013. Un cálculo que muchos economistas consideran fiable y bastante prudente, puesto que algunas estimaciones realizadas a nivel internacional lo elevan hasta el 3%.

«Cuidado, el 1% es ya un porcentaje muy alto. Muchos sectores industriales, de servicios o agrícolas incluidos en la Clasificación Nacional de la Actividades Económicas (CNAE) no llegan ni a la mitad de eso. El porcentaje nos puede parecer pequeño, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de 10.000 millones de euros, una cifra gorda», subraya el director de la ONG Transparencia Internacional y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano.

Otros estudios han dado, incluso, cantidades más elevadas. Tres investigadores de la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, cifraron el año pasado en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España. Eso es cuatro veces más que el estudio de Schneider. Se trataba de un trabajo basado en el análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Pero tampoco podemos olvidar las estimaciones de Bruselas , que ha calculado que la corrupción cuesta 120.000 millones de euros al año (el 1,1% de la riqueza de la Europa de los 28), ni las del Banco Mundial , que hablaba de un porcentaje de entre el 0,5 y el 2% de la riqueza nacional de los países de la OCDE .

Al hacerse público el estudio de Schneider, uno de los mayores expertos en economía sumergida, muchos medios de comunicación se han empeñado en mostrar a los lectores qué se puede hacer con esos 10.230 millones de euros. Las respuestas han sido de lo más variadas. La cantidad equivale, aseguran, a los recortes en Sanidad y Educación aplicados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , en 2012. Es un monto suficiente como para pagar doce mensualidades del salario mínimo a 1,3 millones de españoles, o como para comprar una casa nueva a cada una de las 38.961 familias que se quedaron sin vivienda en 2013. Es como quitarle 219 euros anuales cada ciudadano de este país, o 1,40 euros a cada habitante del planeta. Y también daría para una beca de 24.000 euros para todos los bebes que nacieron en 2013.

Las comparaciones se han extrapolado también al ámbito internacional, asegurando que se podría haber atendido a 264 millones de niños en edad escolar que pasan hambre, según el Programa Mundial de Alimentos . También cubrir las pérdidas que provocó el tifón de Filipinas, reconstruir Gaza tres veces o abonar la deuda externa Montenegro, Haití, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Mongolia, Afganistán, Camerún y Mali.

Sin embargo, a pesar de los dolorosos cálculos, la mayoría de los expertos consultados por ABC consideran que es muy difícil cuantificar el efecto de la corrupción en la economía y que las consecuencias son fundamentalmente sociales, más que económicas. Una teoría que defiende Lizcano: «Lo grave es la indignación, crispación y alarma que genera en las personas, creando un problema de desconfianza en la clase política. Esto puede tener reflejo en el auge de los extremismos o los nacionalismos , lo que puede dar al traste con un periodo de equilibrio y tranquilidad democrática, desestabilizando la política, las instituciones y, en consecuencia, también la economía. Esto es muy grave».

Esta tesis es respaldada por Carmen González Enríquez: «Es más grave el efecto que tiene sobre la reputación y la credibilidad del sistema político del país, que sobre las arcas». Pero la directora del Observatorio Imagen de España del Real Instituto Elcano (OIE) introduce un matiz: «La corrupción afecta mucho más a la imagen que los españoles tienen de España, que a la que se tiene fuera. Los datos nos dicen que no somos percibidos como un país especialmente corrupto en el extranjero».

Según un estudio sobre las 54 principales economías del mundo por el Reputation Institute , en colaboración con el OIE, España ocupa el número 18 del ranking en lo que a buena imagen se refiere. A pesar de los casos de corrupción destapados en los últimos tiempos, en una escala de 0 a 100 (donde 100 sería el índice máximo de buena reputación y 0 de mala), es valorada con un 54. Eso significa que estamos por encima de Estados Unidos (47), China (33) o Italia (50). Pero, en esa misma escala, los españoles le otorgan a su país una valoración de 24, muy por debajo de la que se le da fuera. «Cuando a los españoles se les pregunta en este mismo estudio por España, el aspecto más negativo que aducen es, con diferencia, el de la corrupción. Eso quiere decir que, aunque esta no parece estar afectando a la imagen del país fuera, si lo hace a la que se tiene dentro», añade.

Así refrenda este aspecto el último Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, donde, además de advertir que «el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno continúan devastando a las sociedades del mundo», España sí que ha sufrido un ligero deterioro de su imagen últimamente. En una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (niveles muy bajos de corrupción), el IPC de 2013 obtuvo una puntuación de 65, mientras que en el último se quedó en 59. Esto ha hecho que descienda del puesto número 30 al 40 en el ranking de los 176 países analizados.

España ha pasado a tener la puntuación más baja de los últimos 15 años, similar a la que obtuvo en 1997 (año en que mejoró la imagen por la creación de la Fiscalía Anticorrupción y las promesas de regeneración democrática del nuevo Gobierno). Según la ONG, las razones son muy complejas. «Por una parte –explica el informe–, parece que los sistemas de control se han mostrado más eficaces y han aflorado muchos casos; por otra, las denuncias de los medios de comunicación y el relevante eco social y atención prestada a los casos han influido intensamente en la percepción de la ciudadanía, provocando un estado de indignación generalizado, máxime en un año donde los efectos de la crisis económica y los recortes han sido tan duros».

«En este momento están saliendo muchos casos de corrupción y nos pilla en una situación en la que somos más sensibles a ello. Los 10.000 millones del estudio de Schneider son un cachito pequeño del presupuesto del Estado, pero tiene unos efectos enormes sobre la moral del ciudadano, ya que con esa cantidad se pueden hacer muchas cosas. Por los estragos de la crisis, es fácil que la gente se cabree y con toda la razón del mundo, pues estamos ahora en el fondo de un pozo del que de repente sale basura por todos los sitios. Pero si uno lo mira con un poco más de perspectiva, estamos en niveles de corrupción relativamente normales dentro de los países de la OCDE. Por eso creo que son más importantes los efectos morales y en el estado de ánimo, que los efectos cuantitativos directos del dinero que pueda desaparecer del erario público», defiende también el director de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) , Ángel de la Fuente, experto en hacienda autonómica y economía del crecimiento.

Cabe hacerse aquí una pregunta: ¿la supuesta mala reputación que generan los casos de corrupción en España afecta a su economía? En este sentido, las opiniones son diversas. El director de Transparencia Internacional cree que «es difícil disociar la imagen de las repercusiones en la arcas públicas. Si un país sufre una pérdida de imagen, tarde o temprano se reflejará en los mercados, en las obras, en las contrataciones o en las licitaciones, lo que puede tener consecuencias económicas a largo plazo. La mala imagen generada por las licitaciones públicas y las adjudicaciones fraudulentas puede, por ejemplo, hacer que las empresas extranjeras opten por no venir a España a concurrir a los concursos, ni a invertir, por la posibilidad de que la obra vaya a parar a un empresario previamente asignado».

Para la directora del OIE, este problema no existe, «porque la inversión extranjera en España ha aumentado sustancialmente en 2013 y 2014, a pesar de los escándalos que hemos tenido últimamente. Y en los años anteriores en los que había más corrupción que ahora, ya que lo que está saliendo ahora son cosas que ocurrían anteriormente, fueron años de mucho crecimiento económico. Tampoco creo que la inversión nacional se vea frenada por la corrupción. Hay otros elementos que influyen más, como la falta de crédito».

En lo que sí coinciden ambos es en una cosa. «En España, hasta ahora, hemos sido, indudablemente, muy permisivos con la corrupción. Pero ahora es imposible pensar en ello», apunta Jesús Lizcano. «Aquí y en el sur de Europa en general somos permisivos con el incumplimiento de las normas», añade Carmen González.