Protesta de los taxistas contra Uber en Madrid
Protesta de los taxistas contra Uber en Madrid - afp
servicios de coches compartidos

Las sanciones a las que se enfrenta Uber en España

La ley exige a los conductores de los coches compartidos que dispongan de una licencia en el caso de tratarse de una actividad profesional

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La ley alemana exige una licencia a las empresas que conecten a viajeros e incluye la posibilidad de imponer una multa de 250.000 euros para los casos de incumplimiento. En base a esta normativa, un tribunal alemán ha prohibido a un conductor seguir trabajando para Uber, la polémica aplicación que pone en contacto a personas para compartir un coche alquilado a un precio más barato que el del taxi.

En España, la ley matiza que si el transporte de viajeros se realiza dentro del ámbito privado, como es el caso de los servicios ofrecidos por la aplicación Blablacar, no se necesita autorización. En el caso de Uber está demostrado que se realiza una actividad profesional con ánimo de lucro y la licencia es necesaria. En consecuencia, desde el Ministerio de Fomento se ha amenazado con la interposición de sanciones de 600 euros.

Desde Uber defienden que cumplen con la legislación vigente en España

Pese a ello, Uber sigue prosperando. La compañía aterrizó este martes en Madrid desde Barcelona dispuesta a ganar nuevos clientes y a hacer crecer su negocio. Ante la amenaza que supone para el sector, los taxistas han reclamado a las autoridades pertinentes que paren los pies a los dueños de la empresa online de servicios de coches compartidos.

La primera en reaccionar ha sido la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que ha enviado un requerimiento a Uber para que no inicie su actividad hasta que no presente las licencias necesarias. Desde el gobierno regional han otorgado un plazo de diez días a la plataforma online para que aporte la documentación. En caso contrario, los dueños y trabajadores de la compañía podrían ser sancionados.

En la frontera de la ilegalidad

Otras fuentes oficiales han contribuido a acrecentar las dudas sobre la capacidad de las autoridades para cerrar la web de este negocio. Desde la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no han sido tajantes a la hora de condenar a Uber. El presidente del regulador indicó hace ya unos meses que «prohibir es una herramienta excesivamente fácil». En este sentido, incidía en que lo necesario es reflexionar de forma rápida sobre este nuevo mercado nacido de internet.

Desde el Ministerio de Economía también se ha dado una de cal y otra de arena a Uber. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido a los taxistas que se adapten a las nuevos medios tecnológicos y por otra lado, advertía de que los servicios han de desarrollarse «en igualdad de competencia», sin eludir el pago de impuestos.

En Uber sí están convencidos de su buen hacer. El responsable de Uber en Europa Occidental, Alexandre Droulers, ha asegurado a ABC que cumplen con la legislación vigente en España y añade que ahora es el momento de que «las ciudades del mañana abracen el futuro hoy».

Asimismo, otras fuentes de Uber matizan que la suya no es una aplicación que ponga en contacto a particulares. La definen como un servicio de «ride-sharing» donde «mediante un clic se ponen en contacto propietarios de un vehículo privado que «buscan compartir los costes asociados con usuarios que buscan una manera de moverse alternativa, más asequible, flexible y de forma segura».

Por ello, recuerdan que la aplicación UberPOP no es un servicio de taxi, sino de «ride-sharing», es decir para compartir el viaje, y que por ello la normativa en relación al taxi no puede ser la misma.