El dinero adelantado para cursos de formación se reduce a la mitad en 2015

Como ya informó ABC, para evitar esta pésima imagen sobre el uso de los fondos públicos el Gobierno ha decidido acabar definitivamente con la exclusividad de los cursos de formación que prácticamente siguen teniendo patronal y sindicatos y dar entrada a más actores , a centros de formación públicos y privados y a más agentes sociales, en línea con lo previsto en la reforma laboral de 2012.

El Ministerio de Empleo y los agentes sociales llevan meses negociando un nuevo modelo que comenzará a aplicarse en 2016, pero lo más urgente es dar salida a la convocatoria de 2014, que comenzará a ejecutarse en 2015, y que será un año de transición hacia un nuevo modelo de formación para el empleo que se pretende más transparente y riguroso en el uso de fondos públicos.

Para el año próximo ya está previsto poner en marcha exhaustivas medidas de control de los fondos y un mayor seguimiento del proceso, como demandaba el último informe del Tribunal de Cuentas, en el que se está basando el departamento que dirige Fátima Báñez para poner en marcha las primeras medidas para invertir la orientación de un sistema cuestionado que mueve más de 2.000 millones de euros anuales.

En línea con las sugerencias del organismo fiscalizador del Estado, Empleo ya ha comunicado a sindicatos y empresarios su intención de acabar con su exclusividad en los fondos de formación y abrir el proceso a libre concurrencia. Ya en 2015 aumentará la proporción de fondos a los que podrán acceder de forma directa como solicitantes, los centros o entidades de formación.

Otras medidas serán limitar a la mitad las cuantías que reciben por anticipado para realizar los cursos durante todo el ejercicio. Una situación que en la actualidad permite, por ejemplo, recibir fondos en enero que no tendrán que utilizarse hasta junio, lo que, en muchas ocasiones, ha permitido «tapar muchos agujeros» antes de tener que poner en marcha los cursos, aseguran fuentes empresariales.

Así, el pago anticipado se limitará al 50% de la financiación. Para proceder a los restantes pagos parciales (25% y 25%) será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas (para el segundo pago), así como la certificación de ejecución por parte del beneficiario de la ayuda anticipada.

Los cambios afectarán también a las subcontratación de los cursos, que quedará limitada al 50%, aplicable a la cuantía que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las ayudas. Excepcionalmente, previa justificación de la especificidad de determinadas acciones formativas o de los requisitos materiales para su impartición, podrá concederse la autorización para superar el citado límite.

Entre los cambios previstos también figura que la no elección de la oferta de proveedores más ventajosa económicamente se justificará de acuerdo con lo que establezca la convocatoria, que detallará los mecanismos a utilizar de acuerdo con el marco legal vigente.

El texto al que ha tenido acceso ABC advierte de que no se financian planes cuya ejecución haya comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas y limita a un máximo del 10% la formación impartida a personal propio o de las empresas proveedoras o subcontratistas.

Por último, entre las medidas que afectan a la gestión, el documento del Gobierno explica que el órgano colegiado para la valoración de las convocatorias de 2014 estará integrado, exclusivamente, por personal de la Administración adscrito al servicio público del empleo, órgano que concede las ayudas. «Ello será sin perjuicio de que, en ejercicios posteriores puedan estar presentes las organizaciones sociales en el citado órgano, una vez abierta la convocatoria a concurrencia de centros privados en el 100% de las ayudas disponibles y siempre que no exista conflicto de intereses».

El sistema de formación en España está asentado en una más que compleja estructura en la que están integrados el servicio público de empleo Estatal (SEPE), la Fundación Tripartita para la Formación, de la que forman parte el SEPE, UGT y CC.OO, el sindicato gallego CIG, y CEOE y Cepyme, y las comunidades autónomas. El presupuesto de este sistema ascendió en 2012 a 2.154 millones, procedentes en su mayor parte de la cuota de formación que pagan las empresas con sus cotizaciones a la Seguridad Social (1.890 millones). De esa cantidad, 1.200 millones se destinan a cursos y ayudas a parados y casi 948 millones a formación de ocupados. De todos estos recursos, 776,8 millones —todos en la parte destinada a los empleados— los gestiona la Fundación Tripartita y, de ellos, algo más de 228 millones se destinan a los cursos subvencionados.

Sindicatos y empresarios llevan años en el punto de mira, sobre ellos siempre ha planeado la duda de la mala gestión de los fondos de formación y de su financiación a través de estos recursos públicos, algo que unos y otros siempre han negado en rotundo. Los agentes sociales insisten en que no gestionan los casi 2.200 millones de euros que absorbe la formación en España y que, en el ámbito estatal, la cifra de subvenciones para ofertar cursos para ocupados es de unos 200 millones. De ellos, en 2013, los planes de formación de la CEOE y la Cepyme recibieron 51 millones; los de UGT, 24,7 millones; y los de CC.OO., 23,6. También reciben dinero organizaciones de autónomos y los sindicatos minoritarios (13 millones).

El pasado 29 de julio tras la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, CEOE, UGT y CC.OO. hicieron público un documento con los principales compromisos de reforma para la nueva fase de diálogo social que se abrirá el próximo septiembre en el que la formación tiene un papel destacado. En el documento, los agentes sociales recordaban que «del balance de más de 20 años de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo, se desprenden, como principales valores, la extensión de la cultura de la formación en el ámbito laboral y el aumento en el acceso a la oferta formativa».

Sin embargo, también reconocieron «ciertas debilidades que es preciso abordar». Entre ellas citaron la deficiente coordinación del sistema, la falta de una planificación estratégica de la formación profesional para el empleo o su escasa vinculación con la realidad del tejido productivo, especialmente la formación de demanda dirigida a pymes. La no disponibilidad de un sistema de información integrado o la falta de la evaluación de su impacto y una definición poco eficiente del papel de los agentes implicados en el sistema fueron otras de las críticas.

Explicaban que la recuperación económica exige transformar esta realidad para mejorar la capacitación de los trabajadores y contribuir a la competitividad de las empresas. Para ello, debemos superar la actual situación de desajuste de cualificaciones en España.