¿Por qué los servicios de coches compartidos son ilegales en España?

Aunque la Unión Europea mantiene una actidud tolerante con este tipo de servicios, que parecen contar con el apoyo del Ejecutivo comunitario, diversos países del Viejo Continente se han pronunciado en contra, como Reino Unido o Bélgica. ¿Qué motivos esgrime la Administración española para imponer estas sanciones?

Fomento hace hincapié en que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) determina que tanto las personas como las empresas que realizan «transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica» deben encontrarse «previamente autorizados por la Administración».

Para velar por su cumplimiento, Fomento indica que actuará en coordinación con las Comunidades Autónomas y«cuando tenga conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente» pondrá en marcha «las actuaciones de inspección y control precisas». También solicitará la colaboración de otros departamentos como Empleo y la Agencia Tributaria para detectar «posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias».

El Ejecutivo subraya que la autorización que concede Fomento pretende «asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas». Si quien presta el servicio carece de esta acreditación, añade Fomento, la Administración no puede garantizar estos requisitos. La Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús (Fenebús) solicitó el cierre de este tipo de servicios hace unos meses blandiendo, entre otros, este argumento. La patronal recordó que, al carecer de autorización, quienes prestan este servicio no están obligados a cumplir con los requisitos de seguridad que sí respetan los conductores profesionales, como el descanso obligatorio o la limitación de la velocidad.

El comunicado de ayer del Ministerio de Fomento, que parecía más dirigido a los usuarios de la plataforma Uber que a los de BlaBlaCar, no detalló nada en este punto. Pero dicha regulación establece que compartir coche es, lógicamente, legal. El problema es cuando esta actividad privada constituye una actividad de transporte público, profesionalizada. Es solo en estos casos en los que constituye una infracción.

En el caso de los pasajeros, explica la federación, «no está claro si las compañías de seguros responderían ante un supuesto siniestro» porque los ocupantes no tienen relación con el conductor, ni tampoco «quién se haría cargo de incidentes derivados de un mal comportamiento por parte del conductor en el caso de sustracciones o ataques contra la integridad de las personas».