La patronal del autobús pide el cierre de BlaBlaCar
Fenebús alega, entre otras razones, que «no está claro si las compañías de seguros responderían ante un supuesto siniestro» al no tener relación los ocupantes con el conductor
abc.es
La Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús (Fenebús) ha solicitado de inmediato el cierre de BlaBlaCar ya que lesiona «gravemente los intereses de las empresas de transporte de viajeros legalmente establecidas y con todos los requisitos administrativos en orden», según ha remitido en ... un comunicado.
La patronal del autobús, que está acompañada en esta petición por las asociaciones de taxistas y las de alquiler de vehículos sin conductor, ya ha presentado cuatro escritos de denuncia alegando que esta actividad, que está permitida en el estado de California (Estados Unidos), no cuenta en España con una legislación similar a la americana y que puede perjudicar seriamente los intereses tanto de los usuarios como de los operadores de transporte.
En el caso de los pasajeros, explica la federación, «no está claro si las compañías de seguros responderían ante un supuesto siniestro» porque los ocupantes no tienen relación con el conductor, ni tampoco «quién se haría cargo de incidentes derivados de un mal comportamiento por parte del conductor en el caso de sustracciones o ataques contra la integridad de las personas». Y que los conductores tampoco están obligados a cumplir con los requisitos de seguridad que se imponen a los profesionales como el descanso obligatorio o la limitación de la velocidad.
Respecto a las empresas, la patronal cree que se está ante un caso de «intrusismo tan claro como si un conductor cualquiera coloca un cartel en su vehículo y se dedica a realizar viajes a la Estación de Atocha por el precio que se le ocurra establecer».
Fenebús ha presentado ya escritos de denuncia ante la Subdirección de Inspección de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento; ante el fiscal de la Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; ante la directora general de Tráfico, María Seguí; y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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