La reforma fiscal debe aportar seguridad jurídica, según los expertos
La Fundación Impuestos y Competitividad, que agrupa a los principales despachos de abogados, pide sanciones más bajas
maribel núñez
La reforma fiscal que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy continúa provocando una cascada de reacciones incluso antes de haberse aprobado. Ayer fue el turno de los principales despachos de abogados del país (pwc, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Uría Menéndez, Baker & MçKenzie, Deloitte, EY Abogados, Garrrigues ... y KPMG), agrupados en la Fundación Impuestos y Competitividad, que destacaron que "lo más importante es que la nueva regulación aporte seguridad jurídica, que es la clave para mejorar el sistema tributario español".
Según estos expertos "de poco sirve aprobar medidas destinadas a favorecer la actividad productiva y la creación de empleo si su capacidad para generar resultados queda reducida debido a la falta de confianza de los operadores económicos respecto a la posterior interpretación y aplicación efectiva de dichas medidas por parte de la autoridades y respecto a su mantenimiento estable en el tiempo".
Consideran que "la vinculación de la seguridad jurídica con la competitividad es manifiesta ya que las decisiones empresariales de inversión, contratación o financiación, incluyendo la decisión primera de invertir, son en su mayor parte decisiones a largo plazo que tienen muy presente el grado de confianza que el sistema tributario ofrece".
Para lograr esta seguridad jurídica estos expertos aconsejan, entre otras cosas, armonizar las normas y procedimientos entre las distintas adminitraciones, mejorar el acceso a la creación normativa y regular de forma clara y concreta las medidas anti-abuso así como los mecanismos de resolución de conflictos.
Alejandro Escoda, presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad, pidió ayer también que "dado que los tipos impositivos en España son altos se debería rebajar el sistema sancionador porque los contribuyentes, tanto empresas como particulares, pueden incurrir en un error al hacer su autoliquidación sin ánimo de defraudar ya que, en ocasiones, el Gobierno puede cambiar de criterio sobre algún aspecto y cabe la posibilidad de que el ciudadano no se entere.
La reforma fiscal debe aportar seguridad jurídica, según los expertos
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