México abre su caja fuerte

La consecuencia principal de la reforma es abrir la gallina mexicana de los huevos de oro, el monopolio estatal Petroleros Mexicanos (Pemex) , a la participación privada. Una necesidad según los expertos, que lamentan que Pemex lleve tiempo bloqueada por el «despilfarro y la corrupción», en palabras de George Grayson, experto energético de College University of William & Mary de Virginia.

La empresa estatal mantiene unos ratios de producción muy bajos. En los últimos ocho años ha dejado de producir cerca de un millón de barriles diarios de petróleo. Y no tiene, además, recursos ni capacidad tecnológica para aprovechar los yacimientos de petróleo y gas no convencional del norte del país y de las aguas del Golfo de México. En los campos de lutitas (rocas que contienen gas y petróleo), por ejemplo, Obama autorizó en 2012 más de 9.000 pozos para extraer petróleo y gas; en el mismo periodo, México abrió tan solo tres pozos. Con esta situación, Pemex tuvo pérdidas en el primer semestre de 2013 por importe de 4.000 millones de dólares.

Con la reforma, la petrolera seguirá siendo una empresa pública (eso no es negociable) pero podrá asociarse con compañías privadas para la exploración y explotación de petróleo y gas natural a través de contratos de «utilidad compartida». Una modalidad cuestionada por algunas empresas, que esperaban que su participación se articulará a través de concesiones. El servicio de estudios económicos del BBVA valora, sin embargo, que esta fórmula puede tener «una eficacia similar para atraer inversión» e incluso «otorgar mayor seguridad jurídica».

El Gobierno de Peña Nieto confía en que este cambio permita elevar la producción de petróleo, de 2,6 millones de barriles diarios en la actualidad, a 3 millones en 2018 y 3,5 millones en 2025.

Esta medida se sellará con la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución, para lo que Peña Nieto cuenta con el respaldo de su partido, el Partido Institucional Revolucionario (PRI), y del Partido Acción Nacional (PAN), un apoyo suficiente. Grayson afirma que dicho cambio constitucional será una señal muy potente para los inversores. Coincide con él Carlos Serrano, economista jefe del servicio de estudios económicos de BBVA, quien cree que esa llamada al sector privado «será exitosa».

La propuesta del Gobierno también busca modernizar el sector eléctrico al permitir la venta de electricidad en una especie de mercado mayorista. Esta reforma puede generar, según el Gobierno, un 1% más de crecimiento económico en 2018 y un 2% más a partir de 2025. BBVA admite un impulso de la inversión del 2% anual.

Estas medidas abren grandes oportunidades para las empresas energéticas españolas. Sobre todo, explica Serrano, «dadas las enormes reservas no explotadas que tiene México de petróleo y shale gas». Por supuesto para Repsol, ya que Pemex dispone del 9,4% del capital de la petrolera española. Pero también para las renovables, que lucharán por hacerse un hueco en la tarta energética mexicana: el objetivo es que la generación eléctrica proceda de fuentes verdes en un 35% en el año 2024.

En 2012, su peso fue del 18,3. Pero habrá más beneficiadas, como Gas Natural o Enagas, que podrán colaborar en el desarrollo del gas. Mientras tanto, Peña Nieto ya ha conseguido abrir la caja fuerte de Pemex, que estaba cerrada a cal y canto. Su liberalización, aunque tímida, ya no es un tabú; ahora es un proyecto.