El Gobierno tutelará los colegios profesionales y exigirá cuentas auditadas

El Gobierno busca transparencia en la gestión de los colegios profesionales y ha diseñado una reforma que se reserva la tutela efectiva de unos organismos con un marco jurídico que ha quedado obsoleto. Extremar su control es, por tanto, la principal medida que se incluye en un proyecto de ley que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo viernes 2 de agosto .

Según ha podido saber ABC de fuentes del Ejecutivo, la nueva regulación persigue mayor transparencia de estas instituciones . Por un lado, la normativa exigirá una auditoria anual de las cuentas de estos colegios y, por otro, ligará el funcionamiento de cada uno de ellos al Ministerio del que dependan, que efectuará, en la práctica, una función tutelante y vigilante. Así, por ejemplo, Sanidad será la administración tutelante del colegio de médicos; Justicia, del de abogados o Economía, de los economistas. El Gobierno recibirá de los colegios las cuentas auditadas y las supervisará , dándose el caso, incluso, de que puedan ser rechazadas si no las considerara correctas, lo que podría dar lugar a elecciones anticipadas.

El proyecto de ley reducirá a menos de la mitad el número de colegios profesionales, ahora unos 1.700 , y establecerá un listado de colegiaciones obligatorias, uno de los asuntos más espinosos que ha ido retrasando y modificando la normativa. Ésta dejará en un mínimo de 18 profesiones la colegiación obligatoria: médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, a los que se podrían sumar los psicólogos clínicos. No obstante, esta lista está aún abierta, pendiente de las conversaciones que mantiene el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre , y los colegios.

La norma de Economía hace coexistir colegios obligatorios y de participación voluntaria. A partir de su entrada en vigor la creación de un colegio será por ley, estatal o autonómica, y sólo para profesiones tituladas, aunque se respetará la situación existente, es decir, que los colegios no titulados puedan seguir existiendo, según las fuentes.

Además, la colegiación obligatoria sólo podrá exigirse por ley estatal y siempre que sean actividades que puedan tener impacto directo y grave sobre materias de especial interés general, como la salud o la integridad física. El mayor control que ejercerá el Ejecutivo sobre estas instituciones también se manifestará en la exigencia de estos colegios de responder por los daños causados por negligencia sobre sus colegiados .

Otro de los puntos destacados de la nueva ley es que la cuota de colegiación no supere en ningún caso los costes asociados a la tramitación, la obligación de los colegios de facilitar que todos sus trámites se puedan realizar a través de internet y la eliminación de la posibilidad de establecer honorarios profesionales. El objetivo es reducir al máximo la cuota obligatoria que se paga a los colegios profesionales por sus servicios.

Incompatibilidades

Junto a estas medidas estará también la incompatibilidad de los cargos directivos con cargos públicos, políticos, sindicales o empresariales, así como la elaboración de un código deontológico que será unico en todo el territorio nacional. Desde los propios profesionales se critica a los colegios por ser unas instituciones excesivamente caras y de pertenencia obligatoria para quien quiera ejercer determinadas profesiones. Los colegios responden que la pertenencia a un colegio profesional permite un control y seguimiento que de otra forma no podría darse, pero los más críticos afirman que la mayoría de las profesiones carecen de colegiación obligatoria y que su labor es supervisada por el Estado de forma mucho menos gravosa.