Colegiado, ergo ¿privilegiado?

Algunas profesiones en España se lamentan de no haber cerrado las puertas a tiempo. Es el caso por ejemplo de los periodistas, que deben competir con un desempleo feroz y la amenaza de que abogados desencantados, economistas reciclados o historiadores con don de palabra tomen la decisión de dedicarse a contar historias.

El Gobierno ultima la nueva ley de Colegios Profesionales que irá a Consejo de Ministros en las próximas semanas y que acabará con algunas de las llamadas «colegiaciones obligatorias» y dejará en manos estatales la exigencia unirse a estas instituciones en determinados casos. Esta novedad supone que algunas castas como la de los ingenieros o los procuradores podrían enfrentarse también a la amenaza del intrusismo .

Aunque el Ejecutivo dejó intuir que para algunas profesiones por su trascendencia social se mantendrán el requerimiento de la colegiación. Es el caso por ejemplo de los abogados que ejercen ante los tribunales, los médicos o los arquitectos.

Otras medidas propuestas por el Gobierno determin an que el Código Deontológico de cada organización colegial será único en todo el territorio nacional, se separarán los servicios obligatorios de los voluntarios y se obligará a estas instituciones a mantener unas financiación transparente y auditada o establecer bonificaciones para los profesionales desempleados.

Las autonomías, por su parte, podrán crear colegios voluntarios y sólo para profesiones tituladas. De este modo, en el nuevo modelo convivirán colegios obligatorios y de participación voluntaria.

¿Ventajas o inconvenientes?

Los Colegios profesionales han reaccionado con recelo ante esta nueva normativa que podría restablecer el orden de sus capacidades o directamente eliminarlos del mapa. Según Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía a dvierte de que si se elimina la colegiación obligatoria como requisito para ejercer determinadas profesiones, se pueden poner en juego intereses y derechos ciudadanos. «Me refiero a la salud, la justicia, el patrimonio, los bienes y los servicios de interés general», explica Carnicer.

El presidente del Consejo General de la Abogacía también ha querido criticar la reforma de la Ley de Servicios profesionales, pospuesta por el Gobierno para final de año. Esta normativa podría suponer la eliminación o supresión de determinados Colegios Profesionales. Carnicer ha advertido de que si desaparecen estas instituciones «cesarán los servicios que éstos prestan a los ciudadanos».

Por otra parte, Carnicer considera que la reforma planteada también tiene ventajas ya que «reforzará la independencia de los colegios y la transparencia de su funcionamiento».

Un 9% del PIB

Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público , pero se financian con las cuotas de sus integrantes. Por ejemplo, en el Colegio de abogados de Madrid un letrado no ejerciente deberá satisfacer 300 euros como cuota de ingreso y 50 euros trimestrales, cantidad que se duplica para el letrado que ejerce ante los tribunales.

Según los datos que proporciona Unión Profesional (la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas en España) hay aproximadamente 1.700.000 profesionales colegiados en España y cerca de 1.300 colegios profesionales. que representan cerca de un 9% del PIB del país. En el nuevo modelo convivirán colegios obligatorios y de participación voluntaria.

Estas instituciones ordenan el acceso a la profesión que representan y ofrecen una serie de ventajas a sus miembros, como son el seguro de responsabilidad civil, el seguro médico, el acceso a los programas de formación continua, a publicaciones y normativa de interés o a la participación en jornadas formativas.