Caixabank acuerda la salida de 2.600 personas

El acuerdo sellado cumple con las expectativas de una y otra parte, ya que permite realizar el ajuste de personal, equivalente al 8% del total de la plantilla, que es de unas 32.600 personas, sin que haya despidos, mediante medidas no traumáticas como son las bajas voluntarias, las prejubilaciones y las excedencias incentivadas.

El acuerdo ha sido firmado por el cien por cien de la representación sindical -CCOO, SECPB, UGT, SIB y CIC-FEC-, una vez que CaixaBank ha retirado "sus propuestas más agresivas", en especial la cláusula que recogía la posibilidad de aplicar despidos forzosos si no se alcanzaba con medidas voluntarias el ajuste pretendido.

De esta manera, CaixaBank reducirá su plantilla en 2.600 personas, 402 menos que las que pretendía inicialmente, a través de prejubilaciones y bajas incentivadas, cuya indemnización también ha mejorado.

Los trabajadores que se acojan a las bajas voluntarias recibirán una indemnización bruta de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, más una cantidad lineal de 4.000 euros brutos por cada cinco años de antigüedad, con un tope de 20.000 euros.

Por su parte, los trabajadores que se prejubilen a partir de los 53 años percibirán una indemnización de entre el 57 y el 60% del salario fijo bruto anual.

CaixaBank, además, abrirá un período de excedencias incentivadas de entre tres y cinco años a las que podrán acogerse un máximo de 500 personas.

En este caso, los empleados percibirán una compensación económica anual bruta equivalente al 30% del salario, con un mínimo de 14.000 euros al año y un máximo de 20.000, y una vez finalizado el periodo de excedencia, tendrán derecho a reincorporarse en un puesto de trabajo ubicado en un radio máximo de 50 kilómetros.

La dirección exige, sin embargo, la movilidad de 800 trabajadores, que en un principio será de carácter voluntario e incentivado.

Los empleados que estén dispuestos a trasladarse de centro de trabajo a más de 100 kilómetros de su oficina actual recibirán una prima de 14.000 euros brutos, mientras que los que opten por la movilidad de corta distancia percibirán 4.500.

No obstante, la dirección se reserva el derecho de realizar traslados con carácter obligatorio que impliquen incluso el cambio de domicilio.

"Dicha medida se justifica por la necesidad de equilibrar los desajustes que se prevean por aceptación de los trabajadores que soliciten voluntariamente su afectación, dado que podría dar lugar a vacantes en puestos de trabajo que no se amortizan", señala el texto del acuerdo.

Los traslados de larga distancia podrán afectar a un máximo de 400 trabajadores.

El periodo de adhesión voluntaria a estas medidas se ha dispuesto entre el 1 y el 30 de mayo.