El cierre de Garoña todavía no es definitivo

La central más antigua de España afronta el proceso de cese de actividad después de que Nuclenor no hiciese efectiva la solicitud de prórroga en el mes de septiembre. Una prórroga que estaba en los planes del Gobierno de Mariano Rajoy y de la que hizo gala en la campaña electoral para defender la participación de la energía nuclear en el mix energético. Pero los reactores de Garoña se desconectaron de la red eléctrica el 16 de diciembre de 2012. Y Nuclenor ha cumplido los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la puesta a punto del desmantelamiento.

Esta situación, según fuentes del sector eléctrico, podría estar cerca de ser reconsiderada. El Gobierno ha mostrado su disposición a volver a negociar la prórroga en varias ocasiones. La última vez hace diez días cuando el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se reunió con el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva. Al salir del encuentro, Nadal aseguró que está «abierto» para «reorientar» la situación de la planta nuclear. «Tiene futuro», afirmó. Según Villanueva, todavía «hay tiempo» para que haya una solución. Pero el consejero de la Junta instó a Nuclenor a retomar los contactos con Industria, advirtiendo a la compañía de que a ella le corresponde «exclusivamente» la iniciativa para que haya marcha atrás. Es decir, el Gobierno pone el balón en el tejado de las empresas, pero éstas se lo devuelven. El profesor del IESE Business School Juan Luis López Cardenete cree que «sería un lujo prescindir de ella».

Iberdrola y Endesa solo valoran replantearse su decisión si se modifica la nueva fiscalidad energética, que entró en vigor el 1 de enero de 2013. Fuentes de Nuclenor afirman que «la voluntad de continuar operando la central es clara» hasta la aprobación de los nuevos impuestos. «La mejor prueba son las inversiones que se estaban realizando», argumentan. Según la compañía, «la realidad es la que tenemos encima de la mesa»: el cierre. Preguntada por un posible cambio de rumbo, la compañía esquiva pronunciarse pero no niega ningún desenlace: «Si el escenario cambia, veremos».

Las razones de la negativa de Nuclenor a solicitar la prórroga hay que encuadrarlas dentro de la reforma energética en marcha: según la empresa, la nueva fiscalidad aprobada por el Ministerio de Industria para taponar el déficit de tarifa -el desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico- hace que la planta deje de ser rentable. Nuclenor asegura que la batería de impuestos «nos saca del mercado».

Las cuentas oficiales de la compañía explican los cálculos: los nuevos impuestos que debería pagar la central hasta el 6 de julio, la fecha para la que estaba previsto su cese de actividad, suman 161 millones de euros. Cantidad que resulta de sumar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, la tasa a los kilogramos de uranio que se «extraigan del reactor» (la cifra más alta) y la tasa a la generación de residuos. Una cantidad que supone un incremento del 27% de sus costes habituales. Para evitar este impacto la compañía ha adelantado el cierre antes de julio de 2013. La empresa retiró antes del 31 de diciembre, incluso, las barras de uranio del reactor. Con el objetivo de no estar pagando la tasa hasta que se tome una decisión definitiva.

Por otro lado, la rentabilidad tampoco existiría en un hipotético escenario hasta 2019, según Nuclenor. La compañia argumenta que el impacto de los impuestos, sumado a las inversiones necesarias por las nuevas medidas de seguridad exigidas por las pruebas de resistencia, sería mayor que los ingresos de la central. Unos ingresos calculados en base al lucro cesante que Nuclenor declaró en 2009 cuando recurrió su cierre por el Gobierno socialista. Sus cálculos cifran unas pérdidas de 96 millones de euros durante los seis años y medios.

Con esta versión discrepan fuentes del sector, que apuntan que la decisión de las empresas pretende presionar al Gobierno en pleno proceso de reforma del mercado eléctrico. El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que «los nuevos impuestos más la inversión adicional» están por debajo del lucro cesante que la compañía declaró en 2009, que cifró en 400 millones de euros, según unas declaraciones que recogió Ep a mediados de diciembre. Soria añadió que «será la empresa la que tenga que explicar por qué adopta esta decisión». Una decisión que ha dejado a media asta una bandera que podría volver a ondear pronto: la central de Garoña o el símbolo de la energía nuclear en España.