El nuevo plan del antidopaje español: dar voz a los deportistas y penalizar las autorizaciones médicas fraudulentas

Silvia Calzón quiere ser justa en el tratamiento de los problemas de dopaje y su prevención en España. Para ello ha puesto en marcha un plan que en primera instancia pretende escuchar a los deportistas, sus necesidades en esta materia, sus problemas, también sus sospechas. El altavoz de las protestas de atletas, encarnadas por el campeón mundial de marcha Álvaro Martín respecto a los casos de dopaje no resueltos en el atletismo español, tuvo eco y proyección.

La directora de la agencia antidopaje planea incluir en la comisión de coordinación del organismo a dos deportistas, en activo o recientemente retirados, para que actúen como portavoces del colectivo en el órgano de participación, coordinación y seguimiento de la Celad y en el que también están representadas las Comunidades Autónomas, según especifica el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de 2021.

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En el propósito de escuchar la voz de los deportistas pesan para la nueva dirección del antidopaje español los episodios de medallas en diferido que han vivido muy a su pesar algunos atletas. Uno de los casos más significativos es el de Lydia Valentín, la haltera leonesa que no pudo disfrutar de su momento de gloria y sus metales, ni hacer partícipe a familiares y amigos, y tuvo que conformarse con recibir sus preseas después de que algunas de sus competidoras fueran sancionadas por dopaje. En los Juegos de Pekín 2008 fue quinta, pero recibió la plata por el dopaje de tres descalificadas. Y lo mismo, o peor, en Londres 2012. Todas las ocupantes del podio dieron positivo y la española, que había sido cuarta, recibió años después el oro en una sala.

Otro giro en el nuevo guion del antidopaje español reside en acabar con las autorizaciones de uso terapéutico fraudulentas. Son las AUT, famosos permisos para tratar lesiones o enfermedades con sustancias prohibidas a los deportistas, método preventivo que no constituye dopaje, pero que termina siendo abusivo, sobre todo en las AUT de carácter retroactivo. Según la norma, las autorizaciones deben concederse cuando la sustancia o método prohibido es un tratamiento indicado para una lesión y no hay una alternativa terapéutica razonable permitida. Es decir, se trata de una excepción o de una urgencia, no de un sistema ordinario como sucede en exceso de ocasiones.

El proyecto de Silvia Calzón incluye una mayor sinergia con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El pasado febrero hubo una reunión en Madrid entre el CSD y la WADA en la que este organismo informó que el nuevo Código Mundial Antidopaje entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Esto implica en España la aprobación de una ley orgánica de lucha contra el dopaje. La Celad pretende empezar a trabajar en este nuevo texto en cooperación con la AMA y lograr un consenso con todos los grupos políticos.

En esa reunión se habló del nuevo real decreto con modificación de algunas normas que impulsará la Celad y que someterá a consulta pública. Además de las autorizaciones terapéuticas, se aspira a concretar las referencias a los estándares internacionales en la aplicación del pasaporte biológico. Método de prueba para sancionar por dopaje en todos los países de nuestro entorno, pero que en España fue aprovechado por deportistas con resultado adverso para recurrir a la justicia y salir sin sanción después de las sentencias en los procedimientos iniciados antes del año 2021.