Silvia Calzón, nueva directora del antidopaje español

La nueva responsable del antidopaje español se licenció en medicina en la Universidad de Sevilla e hizo el mir en la especialidad de medicina preventiva y salud pública.

A la par que desarrolló su profesión, hizo carrera en la política. Primero en su localidad natal, Utrera, donde fue concejal por el PSOE con 24 años, y luego teniente de alcalde. Intentó acceder, sin éxito, a la alcaldía.

Diputada en el Parlamento andaluz entre 2004 y 2008, fue nombrada gerente de las áreas sanitarias de Córdoba Sur y Sevilla Sur. Con el gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía, regresó a su función médica en el Hospital del Rocío de Sevilla. Además de médica, es doctora en Ciencias Empresariales y Económicas.

Silvia Calzón será la sexta responsable del antidopaje español después de Javier Martín del Burgo, Ana Muñoz, Manuel Quintanar, Enrique Gómez Bastida y el citado Terreros.

El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), tenía previsto destituir este viernes al actual director de la Comisión Española de la Lucha contra el Dopaje (CELAD), José Luis Terreros. Lo hizo en una reunión del Consejo Rector de dicho organismo, que agrupa a representantes de diferentes ministerios (seis), a un presidente de federación deportiva (Raúl Chapado, atletismo), un delegado de las comunidades autónomas, y al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, también presidente del CSD.

Uribes pidió hace tres semanas en un comunicado público la dimisión de Terreros, y si ésta no se producía, anunció su cese en la reunión de este viernes del Consejo Rector. Terreros no ha dimitido, aunque es consciente de que no tenía ninguna opción de seguir en el cargo, y ha preferido la destitución después de explicarse en varios medios de comunicación, incluida una entrevista en ABC.

El CSD había trasladado a la Fiscalía un informe del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte para que se valorase si Terreros había cometido un delito al no sancionar determinados positivos y haber realizado presunto mal uso de fondos públicos en controles antidopaje.

«Murió un ciclista (el portugués Bruno Neves, antiguo cliente del médico extremeño Marcos Maynar, detenido en 2022 en la operación Ílex por presunto dopaje y tráfico de medicamentos), pero lo importante es si los controles antidopaje se hacían con uno o dos agentes», declaró Terreros en la entrevista a ABC.

El terremoto que se lleva por delante a Terreros (68 años) comenzó con la denuncia que había presentado en el Ministerio adscrito a deportes una trabajadora de la agencia antidopaje, que había sido expedientada por Terreros, en la que se hacían constar presuntas irregularidades.

La principal la destapó 'elDiario.es', el positivo por nandrolona del atleta nacionalizado español Patrick Chinedu, que se remonta a 2019, pero no fue sancionado por la agencia que dirige Terreros.

El exdirector de la CELAD ha explicado durante estos años que había positivos por anomalías en el pasaporte biológico de al menos cinco deportistas que no fueron castigados. La reticencia a sancionar se debía, según él, a diversas sentencias elevadas a la Audiencia Nacional por deportistas implicados en los positivos (sobre todo, el ciclista Ibai Salas) que no dejaban claro el futuro jurídico del pasaporte biológico o las tomas de muestras con uno o dos agentes de control. La sentencia fue favorable a Ibai Salas. Como había 10 años para sancionarlos, Terreros se lo tomó con excesiva calma.

Y el caso le estalló en la cara por un exceso de celo y una percepción general de los titulares de prensa, según los cuales había 'tapado positivos', lo que no es real puesto que desde hacía tiempo se conocían los casos de pasaporte biológico, aunque no el positivo por nandrolona de Chiedu.

La trabajadora denunciante presentó luego nuevos casos de presuntas irregularidades relacionadas con la normativa de los agentes de control (más sentencias interpretables de los tribunales sobre si hacerlos con uno o dos oficiales), a las que dio recorrido el Consejo Superior de Deportes, que elevó la denuncia a la Fiscalía General del estado para que delimitase si había delito en la acción profesional de la agencia.

Según Terreros, su desempeño al frente de la CELAD fue avalado por los cinco secretarios de Estado que han dirigido el deporte antes de Uribes. José Ramón Lete, del PP, el que lo nombró en 2017 y destituyó al instructor de la operación Puerto, Enrique Gómez Bastida; y los cuatro del PSOE María José Rienda, Irene Lozano, José Manuel Franco y Víctor Francos.