La Abogacía del Estado frena el regreso de Pedro Rocha

Rocha tiene un difícil rival jurídico en este caso: la mismísima Abogacía del Estado (por haber recurrido una decisión del TAD, que depende del Consejo Superior de Deportes). El informe elevado por la Abogacía en agosto al juez de lo Contencioso, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, argumenta que la solicitud de medidas cautelares no debía ser atendida, dado que no se cumplen los requisitos para suspender la sanción. Con dos argumentos principales: en primer lugar, que no se ha demostrado la apariencia de buen derecho: es decir, que su caso tenga probabilidades de éxito; en segundo lugar, que no se ha probado un perjuicio irreparable: cuando se dictó el auto, las elecciones no estaban convocadas todavía.

Existe, sin embargo, un argumento adicional al que la Abogacía del Estado dedica dos páginas según el cual la paralización de la sanción causaría un grave daño al interés general, ya que perjudicaría el correcto funcionamiento de la RFEF, la reputación del deporte español y la imagen nacional en el contexto de su candidatura al Mundial 2030.

Los motivos por los que afectaría a la candidatura son, a juicio de la Abogacía: el daño a la imagen del país (por la presencia de un dirigente sancionado por abuso de autoridad), la repercusión internacional y la incompatibilidad con los requisitos de la FIFA: para organizar un Mundial, recuerda, es imprescindible acreditar un entorno social, económico, futbolístico y de infraestructuras del máximo nivel.

Quizá el elemento más sorprendente del informe es la fijación de una caución: la Abogacía sostiene que, en caso de que se considerara la suspensión de la sanción, Rocha debería ofrecer una garantía para cubrir los posibles daños de la decisión si la sentencia final fuera desestimatoria (basándose en el artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La Abogacía General del Estado subraya que la caución debería cubrir los daños que pudiera causar tanto al «interés general» como a terceros. Y detalla los potenciales perjuicios, en gran medida irreparables, de ese escenario hipotético (la posible pérdida de la organización del Mundial de Fútbol de 2030). Concluye que la cuantificación económica de la pérdida de la organización del Mundial sería incalculable, pero ofrece como referencia el Real Decreto 1034/2022, según el cual la Copa del Mundo de 2030 generaría 4,28 euros del PIB y 1,32 euros de ingresos fiscales por cada euro invertido. Es decir, miles de millones de euros.

Pedro Rocha, muy crítico con una inhabilitación por decisiones ejecutivas suyas que, asegura, contaban con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, alega en su segundo recurso que los perjuicios ya sí serían irreparables: la inhabilitación del TAD le impide presentar su candidatura a las elecciones de diciembre. Unos comicios que, cabe decir, ganaría con toda seguridad en caso de poder presentarse. (Aunque Miguel Ángel Galán, el denunciante más exitoso del berenjenal federativo, haya anunciado que el expresidente no podría presentarse según los estatutos de la propia RFEF).

Rocha, los empleados federativos, los 'barones' autonómicos y los candidatos agazapados esperan con ansiedad a que el juez de la Audiencia Nacional resuelva estos días un embrollo que paraliza la precampaña electoral: si el extremeño no obtiene la cautelar, cualquier cosa puede pasar.