El Gobierno se desentiende de Pedro Rocha

José Manuel Rodríguez Uribes, Secretario de Estado para el Deporte, desvía así la presión creciente sobre su organismo público, muy criticado por su permisividad con el rubialismo y sus presuntas fechorías. «El presidente del CSD tiene el imperativo legal de no actuar de cortafuegos con el señor Rocha y trasladar mis denuncias al TAD», escribe Galán en la ampliación de su denuncia: exige la inhabilitación de Rocha durante un año y le recuerda a Uribes que, de no enviar la denuncia al TAD, «podría suponer un presunto delito de prevaricación».

Miguel Galán ha sido indudablemente el protagonista de esta semana, después de las detenciones del miércoles en el marco del caso Supercopa (iniciado por una denuncia suya). Galán acusa a Rocha de realizar «diferentes actuaciones por las que carece de competencia y en consecuencia incumplimiento de los estatutos de la RFEF». El 'pecado' principal del extremeño es haber 'olvidado' el art. 31.8 de los estatutos de la RFEF, según el cual debería haber convocado elecciones cuanto antes para proveer exclusivamente al cargo de presidente. Como es sabido, Rocha intentó esquivar ese trámite con el beneplácito del anterior secretario de Estado, Víctor Francos. Pero el contexto ahora es radicalmente distinto: Rocha ya no cae tan bien como el principio y la urgencia de resolver el esperpento federativo crece a medida que se acercan la Eurocopa de junio y la organización del Mundial 2030.

La RFEF intentó reaccionar con rapidez esta semana al escándalo de las detenciones; en un comunicado público, anunció que había apartado de sus puestos de trabajo y de sus funciones a los directivos relacionados con la causa judicial. El mundo del fútbol, sin embargo, se pregunta por qué no emprendieron antes la renovación de la entidad a pesar de los abrumadores indicios de corruptelas y el clamor de la afición. Los procesos judiciales abiertos por el caso Jenni Hermoso y el caso Supercopa podrían terminar en peticiones de cárcel para destacados referentes de la directiva de la RFEF.

Además de no haber convocado cuanto antes elecciones a la presidencia (Rocha sólo es presidente de la Comisión Gestora interina, con funciones limitadísimas), Galán imputa al dirigente extremeño algunas otras faltas: la aprobación de los presupuestos en la Asamblea del 21 de diciembre, la decisión colegiada de mantener su sueldo de 675.000 euros (inédito, que se puso el propio Rubiales) o la renovación de Luis de la Fuente, seleccionador masculino. En resumen: casi cualquier decisión trascendental tomada por un líder interino cuya única misión era coordinar la transición hacia un nuevo gobierno federativo.

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El CSD insiste en que no pide la inhabilitación de Rocha, sino que sólo eleva una petición razonada al TAD para que valore la denuncia recibida (como ya ocurrió hace unos meses con otra denuncia similar que no llevó a ninguna sanción). Sin embargo, el contexto actual permite vislumbrar alguna decisión tajante ante la parálisis burocrática que impide la renovación de una entidad que mueve 400 millones al año y representa a uno de los países más relevantes del planeta futbolístico. Rocha iba a convocar elecciones el pasado miércoles, pero su plan se frustró horas antes por las detenciones. Curiosamente, esta última denuncia de Galán se registró el martes 19, un día antes de la intervención de la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Brody'. El futuro electoral de la RFEF, a la vista de los últimos acontecimientos, es difícil de vaticinar; Miguel Ángel Galán ya ha anunciado que impugnará el proceso pase lo que pase, dado que 40 asambleístas habrían dejado de serlo en los últimos años.