Gerard Piqué, imputado por el cobro de comisiones de la Federación por el traslado de la Supercopa a Arabia

La juez, que investiga la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, sin que quede descartada la posibilidad del delito de blanqueo de capitales, tomó esta decisión como consecuencia de las diligencias de instrucción ya realizadas y a la espera de nuevos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que añadirán a la investigación la documentación incautada en los registros practicados en la sede de la Federación Española y el domicilio de Luis Rubiales el pasado 20 de marzo, y, que dieron inicio a la denominada operación Brodie.

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En el auto, Delia Rodrigo hace hincapié en la cláusula que la Federación Española firmó con Arabia Saudí en la que tacha de «esencial» la comisión de cuatro millones de euros anuales a recibir por Kosmos, la empresa de Piqué. E insiste en que dicho contrato se firmó cuando el nuevo investigado era jugador en activo del Barcelona, equipo que participaba en la Supercopa.

Subraya la magistrada que la RFEF y Sela, la empresa estatal saudí que firmó el contrato, pactaron una prima de éxito en favor de una tercera parte que no se identificaba. Esa prima, fijada en 4 millones de euros, frente a los 40 correspondientes al pago anual en favor de la RFEF, se debía saldar en cada uno de los seis años de los que constaba el contrato inicial. Posteriormente, se prorrogó el acuerdo por cuatro temporadas más, pactándose igualmente mantener la prima de éxito en favor del comisionista. Ese «tercer agente» solo se revela en un documento aparte, firmado por Rubiales, Sela y Piqué.

En una segunda resolución, la juez recoge la imputación de quince personas más, relacionadas con la creación de un entramado societario conformado por personal directivo de la RFEF, todos ellos personas allegadas a Luis Rubiales, con el objetivo de lucrarse a partir de los contratos firmados a través de Gruconsa. Entre esas personas se encuentra Pedro Rocha, actual presidente de la RFEF, a la que la juez ya le había comunicado su imputación. Explica la magistrada que, en virtud de su cargo anterior, vicepresidente económico, debía haber participado tanto en el contrato con Arabia Saudí como los firmados con Gruconsa para acometer obras en el estadio de La Cartuja.

Sobre la trama societaria, Rodrigo refleja que el 12 de enero de 2021, un día antes de iniciarse la edición de ese año de la Supercopa, se constituyó una sociedad con domicilio en Granada, ‘GRX Export’, cuyo objeto social estaba destinado, en principio, a la molturación de aceituna, almacenamiento, envasado y venta de aceites. Posteriormente, el 10 de octubre de 2022, otras dos sociedades adquirieron el 50% de GRX. La primera de ellas, de nombre ‘Inmomarluqui’, estaba administrada por Albert Luque, nombrado por Rubiales director deportivo de la RFEF en diciembre de 2022, dos meses después de esa compra. La otra, ‘Dismatec’, la constituyó Ángel González Segura, hermano del director de los servicios jurídicos de la RFEF, en febrero de 2019, y un año después la compró Purificación Rufino, la mujer del exfutbolista ‘Nené’, amigo íntimo de Rubiales.

El 21 de octubre de 2022 accedieron a GRX a través de la compra de participaciones sociales tanto Luis Rubiales como parte de la cúpula de la RFEF, entre ellos Tomás González Cueto (asesor legal), Pedro González Segura (servicios jurídicos), Rubén Rivera (marketing), Antonio Gómez Reino (Relaciones Institucionales) y José María Timón (jefe de gabinete). Todos estos movimientos tendrían como objeto desviar parte de los fondos obtenidos en los contratos de Gruconsa con la Federación Española, cuyo importe total fue de 2.684.946 euros entre los años 2020 y 2022.

Todos esos pagos se habrían canalizado a través de Dismatec, que en ese mismo periodo (2020-2022), ingresó un total de 484.021 euros provenientes de la constructora. Dinero que supuestamente habría acabado, finalmente, en los bolsillos de los directivos de la Federación Española.