«Falta compromiso real en España para acabar con la trampa y el dopaje»

La eterna sensación de sospecha y permisividad con el dopaje en España vuelve al primer plano tras la petición de dimisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) al responsable en el cargo, José Luis Terreros, por presunta prevaricación al no sancionar positivos y malversación de fondos públicos en la mecánica de los controles. Una situación compleja con los Juegos a la vista a la que responden en ABC los antiguos directores y directora de la Agencia Antidopaje.

La actitud 'light' ante el dopaje se ha extendido por España desde hace dos décadas. Casi siempre en el vagón de cola respecto a los países del entorno. La operación Puerto, bolsas de sangre, medicamentos y sistemas de almacenamiento de Eufemiano Fuentes, se saldó sin apenas castigo para los inculpados. No había en 2006 una ley antidopaje en España, se estrenó en 2007 a raíz de este golpe al fraude deportivo que en 2013 se juzgó como un delito contra la salud pública, no por una causa de dopaje o tráfico de medicamentos prohibidos.

La operación Galgo, de nuevo Eufemiano Fuentes esta vez con Marta Domínguez protagonista, se desvaneció en los juzgados. La operación Grial, el marchador Paquillo Fernández con sustancias en una red de tráfico, quedó en el olvido. La pregunta del Príncipe Alberto de Mónaco a Alejandro Blanco sobre las bolsas de sangre en una elección de Madrid olímpica.

Y las sanciones llegaron de fuera. La UCI, a Contador por el clembuterol. La IAAF, a Marta Domínguez por el pasaporte biológico. El Comité Olímpico Italiano, a Valverde por la bolsa de sangre 'Piti'... Zapatero apoyando a Contador, Rajoy en defensa de Domínguez, que fue senadora por el PP después del escándalo.

Otras operaciones de cierto nivel han maquillado esa imagen de tolerancia excesiva. El atleta Ilias Fifa, detenido por la Policía Nacional y sancionado. El ciclista 'Supermán' López, despedido por su equipo por su vinculación a un médico de oscuro pasado con el dopaje, Marcos Maynar, en una redada de la Guardia Civil.

Ana Muñoz fue directora del antidopaje español durante un año y medio, de 2012 a 2013. Y su diagnóstico es: «No hay un compromiso real de todos para luchar contra la trampa, igual que sucede en materia fiscal y en otros ámbitos. Si no pones sanciones efectivas, si no adoptas una actitud beligerante, si no hay un compromiso integral, no hay nada que hacer. Se trata de no pasar ni una, tampoco a la propia Agencia. Contra la corrupción hay que ser ejemplar».

Manuel Quintanar sustituyó a Muñoz y permaneció en el cargo hasta 2014. Tiempo suficiente para detectar otra dificultad. «El antidopaje en el deporte se rige por el Código Mundial de la AMA. Y son lentejas. Si quieres las comes,... La AMA es una fundación privada, no de derecho público. Y el Código de la AMA no se acompasa bien con la legislación española. Se produce un desajuste de una norma que no ratifica ningún estado, pero que todos tienen que acatar. La legislación española ofrece muchas garantías y el Código es mucho más expeditivo».

En el origen de todo se encuentra Javier Martín del Burgo, el primer responsable del antidopaje en España, cuando se creó la Agencia en 2008. Estuvo al frente cuatro años, hasta 2012. «La revisión del Código de la AMA se realiza cada cuatro años, cada nación debe incorporar los cambios a su sistema legislativo. Y la doctrina nunca es pacífica. La legislación española está inspirada en el derecho romano, es más garantista, y la AMA se basa en el derecho anglosajón, que es mucho más rotundo».

El resumen en este apartado parece evidente, según la visión de los exdirectivos. España es suave con sus leyes, también en el antidopaje, y el mundo sajón impone criterios más enérgicos en las sanciones o los castigos. «Hay más dificultad intrínseca en mezclar el ordenamiento jurídico continental con los anglosajones, es cierto. Pero esto no puede servir como excusa para no cumplir con las leyes internacionales –argumenta Ana Muñoz–. Hay una norma jurídica antidopaje internacional y España tiene que participar en todos los cambios relacionados con el Código de la AMA».

«Durante mi dirección pedí a un abogado del Estado que supervisase nuestro trabajo –aporta Manuel Quintanar–. Los temas jurídicos son muy vidriosos con la AMA siempre detrás. Creo que la Agencia choca contra un tipo de justicia en España y los propósitos de la AMA».

El responsable de la operación Puerto, el comandante Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia Antidopaje desde 2014 a 2017 y antecesor del actual mandatario José Luis Terreros, declinó participar en este reportaje.

Ana Muñoz destituyó durante su mandato a Terreros, médico de formación, como responsable de Salud en el ámbito del antidopaje. «Lo que está sucediendo ahora es lo que sucedía hace diez años. Los mismos defectos en la formularios de los controles, la misma actitud pasiva para luchar contra el dopaje. No es aceptable el modo de concebir este trabajo, intentando que no haya positivos».

Martín del Burgo puso en marcha la Agencia con el respaldo de una Ley Orgánica de lucha contra el dopaje, la primera en España, en 2007. Y, didáctico en sus razonamientos, ofrece claves para un correcto funcionamiento del sistema. «Se requieren políticas de prevención y educación, de investigación sobre productos difíciles de detectar, una coordinación certera con los Cuerpos de Seguridad del Estado, colaboración precisa con la Fiscalía, unos comités sancionadores potentes e independientes y una buena formación para los agentes de control».

«Considero imprescindible una visión internacional de la Agencia –asegura Manuel Quintanar–. Hay que trabajar la imagen de España en el exterior y para ello me parece imprescindible que haya un delegado nacional en la AMA para que explique y comunique bien las cosas que se hacen en nuestro país. Leí el comunicado de la AMA respecto a la situación actual y es durísimo, nos vuelve a colocar en el subsuelo».

¿Y cómo son los deportistas españoles, los que sean receptores de sustancias prohibidas, respecto al dopaje? «En la mayoría de las ocasiones en un positivo, no veo muchas protestas del resto», dice Quintanar. «El tipo de conducta del deportista español es muy similar al de otros países europeos. Tienen que tener en cuenta que ahora las sanciones son más duras, cuatro años, y que su vida deportiva puede haber acabado. No es aconsejable que corran riesgos».

«La actitud de los deportistas españolas tramposos no veo que haya cambiado con el paso de los años. Hace tiempo era un crecepelo, o el asma, ahora es un producto que se toma su pareja... El ordenamiento jurídico español permite el derecho a defenderse y a mentir. Si hubiera sanciones económicas severas, sería otra cosa. Falta cultura y conciencia en los deportistas. Un policía debería dirigir la Agencia».