Vienen tiempos inciertos...
Está acreditado que la caza en nuestro país genera casi 7.000 millones de euros y mantiene cerca de 200.000 puestos de trabajo al año
Jorge Bernat
Las alarmas saltaron a raíz de un comunicado de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que incluía información sobre la ampliación de competencias en políticas medioambientales y de la biodiversidad. La política forestal era una de ellas, y parecía que ... la actividad cinegética se incluía en esta. Dicho temor no era infundado, ya que la titular de este ministerio, doña Teresa Ribera, llegó a afirmar en una entrevista que era partidaria de prohibir la caza y los toros. Además, junto con las competencias en materia de política forestal, dicho ministerio también habría asumido competencias en materia de despoblación rural, situación cuanto menos compleja, ya que está acreditado que la caza en nuestro país genera casi 7.000 millones de euros y mantiene cerca de 200.000 puestos de trabajo al año, en su mayoría en el medio rural, siendo en consecuencia un elemento esencial para asentar poblaciones y evitar la despoblación. Por tanto, si la caza se prohibiera o se limitara, todas esas personas abandonarían el medio rural y pasarían en su mayoría a formar parte de las listas del paro.
Finalmente parece ser que la caza y la pesca permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyo titular, don Luis Planas, ha apoyado abiertamente ambas actividades, aunque queda por saber dónde va a quedar dentro del ministerio y a cargo de quién.
Otro tema que afecta al sector y que la ministra Ribera sí tiene encima de la mesa es el relativo a los parques nacionales. En el mes de diciembre de este año acaba la moratoria fijada en la Ley 30/2014 de Parques Nacionales para aplicar la prohibición de cazar y pescar en su interior. La ley imponía a la Administración la obligación de llegar a acuerdos con los titulares de derechos cinegéticos o propietarios de fincas situadas en el interior de los parques nacionales para indemnizarlos por la privación de su derecho a cazar. Lamentablemente, hasta la fecha no existen estos acuerdos, por lo que nos podremos encontrar con que los afectados ni cacen en sus fincas, ni sean compensados por ello. Ante esta situación me pregunto quién va a controlar los excesos de poblaciones de ciervos, jabalíes o cabras y cómo se va a hacer. Sin duda, un panorama difícil para la ministra Ribera y, visto lo visto, también para el colectivo de cazadores y el mundo rural en general.
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