Opinión
Indemnizaciones de daños
En el caso del lobo, la práctica totalidad de las comunidades que cuentan con poblaciones de esta especie indemnizan por los daños que ocasiona a la ganadería
Jorge Bernad
Uno de los requisitos esenciales para conservar una especie protegida es indemnizar por los daños que pueda producir, ya sea a la agricultura, a la ganadería o incluso a las personas. Sin estas indemnizaciones, los afectados las controlarían por su cuenta, con grave ... riesgo para su supervivencia, como ocurrió en España hace unas décadas. En el caso del lobo , la práctica totalidad de las comunidades autónomas que cuentan con poblaciones de esta especie indemnizan por los daños que ocasiona a la ganadería, aunque lamentablemente con unas cuantías muy inferiores al valor real del daño producido. Como consecuencia de ello, muchos ganaderos están interponiendo demandas de responsabilidad patrimonial contra las distintas Administraciones autonómicas, obteniendo i ndemnizaciones que se ajustan mucho más al valor real del daño producido. El importe total de estas indemnizaciones ya ha alcanzado cifras millonarias y seguirá en aumento.
Al igual que ocurre con el lobo, ya hay sentencias que han reconocido el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños que producen otras especies protegidas como el oso, el buitre, las avutardas; y todo ello en base al principio de que no debe ser el particular el que tenga que sufrir los daños que ocasiona una especie protegida, cuya conservación es una cuestión de interés general y en teoría beneficia a todos.
El problema está en que antes o después habrá que buscar una solución que no pase por estar pagando continuamente indemnizaciones millonarias. Una posible alternativa la acaba de dar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de octubre de 2019, que viene a reconocer la posibilidad de hacer controles selectivos de determinadas especies protegidas cuando causen daños; y en el caso del lobo, que este control lo pudieran hacer los propios cazadores, por supuesto siempre de una forma estrictamente controlada. La solución está encima de la mesa, ahora solo hace falta que los consejeros de las comunidades autónomas competentes en la materia se atrevan a hacerlo.
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