La caza, recluida

A partir de ese momento se ha suscitado una notable polémica. Los principales grupos ecologistas del Estado, WWF, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace , escribieron una carta dirigida a los ministros de Agricultura y de Transición Ecológica solicitando que no se permitiera la caza por daños durante el período de alarma. Algo similar hizo el partido político Podemos, enviando tres preguntas al Congreso y desaconsejando la autorización de la caza por daños, afirmando que se trataba de una actividad lúdica y que autorizar este tipo de caza sería un agravio comparativo para otros españoles recluidos. En ambos casos sospecho que los remitentes desconocen lo que es la caza por daños, un trabajo necesario que nada tiene que ver con la caza más social y, en este caso sí, lúdica, que se lleva a cabo en la temporada general, a partir de octubre.

En medio de esta situación, la revista «Jara y Sedal» daba a conocer que el Gobierno aprobaba una subvención de 547.512 euros para WWF, con objeto de estudiar cómo reducir los daños de conejos a la agricultura de manera incruenta, ya que la caza origina «cierta polémica». La mayor parte de las organizaciones agrarias y de caza reaccionaron ante esta situación emitiendo un manifiesto apoyando la caza por daños, que fue enviado también a los ministerios de Agricultura y Transición ecológica . En el mismo se justificaba la necesidad urgente de llevar a cabo un control poblacional de determinadas especies de caza para evitar no solamente daños agrícolas (entre 8.000 y 10.000 siniestros al año), sino también la transmisión de importantes enfermedades a la ganadería, como pueden ser la tuberculosis o la peste porcina, la disminución de accidentes de tráfico originados por fauna silvestre, e incluso la destrucción de algunos ecosistemas. La organización Asaja juzgaba que el nivel actual de daños era incompatible con la rentabilidad agropecuaria. También se movilizó la asociación interprofesional de carne de caza Asiccaza, que solicitó que la caza se reactive y se considere una actividad esencial.

Por fortuna, y teniendo en cuenta también la presión de las comunidades autónomas, sobre las que recaen las competencias de caza, el Gobierno reaccionó permitiendo la caza por daños en la totalidad del país , desde mediados de abril aproximadamente. En el momento de escribir estas líneas, se puede cazar por daños ( conejos y jabalí, fundamentalmente ); pero la caza en rececho, que es la que se debería estar practicando desde comienzos de abril en la mayor parte del país, parece que no se autorizará hasta la segunda fase del desconfinamiento, es decir, finales de mayo. Pienso que probablemente se podría haber adelantado, ya que se trata de una caza individual por antonomasia, con lo que el riesgo de transmisión del virus es mínimo, pero en la situación tan crítica y desconocida en la que nos desenvolvemos hay que apelar a la prudencia. Estos dos meses perdidos en la caza de corzo a rececho van a provocar numerosos conflictos económicos entre miles de municipios y los arrendatarios del aprovechamiento cinegético. La expansión del corzo en las últimas décadas ha dado lugar a que se trate del protagonista indiscutible en buena parte de los cotos de las dos Castillas, Aragón y comunidades norteñas. Numerosos ayuntamientos ingresan anualmente cantidades variables, con frecuencia entre 6.000 y 20.000 euros, por parte de los cazadores; y perder los dos mejores meses de rececho (en el mejor de los casos) va a llevar a los protagonistas a una renegociación de los contratos, que con toda seguridad desatará muchas tensiones.

Aunque para la mayor parte de España pasó desapercibida, el pasado 21 de abril «La Voz de Galicia» nos traía la trágica noticia de la muerte de Miguel Ángel López Fernández , al colisionar su vehículo con un jabalí en la localidad pontevedresa de Rodeiro. Miguel Ángel tenía 30 años y había preparado su boda para el próximo 3 de octubre. Pero esta tragedia tan solo es un número más dentro de una estadística siniestra, que da la sensación que los ecologistas e incluso los diferentes Gobiernos prefieren ignorar. Un estudio del RACC de 2011 nos dice que en España hubo 56 muertos entre los años 2004 y 2009 en accidentes de tráfico originados por animales; jabalíes y corzos en más de la mitad de los casos.

Durante todo mi periplo como periodista especializado en caza, he intentado ser un eslabón entre los cazadores y las asociaciones ecologistas, ya que siempre me he considerado un defensor de la naturaleza más. Me preocupa el cambio climático, me interesa proteger y que no se alteren los todavía numerosos espacios naturales bien conservados que alberga mi país, disfruto observando aves y especies protegidas y me esfuerzo en ser lo más limpio y respetuoso con el entorno que puedo. Sin embargo, estoy convencido de que la caza es absolutamente esencial en el siglo XXI , y esa puede ser la diferencia capital con la filosofía actual de todas las asociaciones ecologistas. Me cuesta reconocerlo, pero viendo lo que veo, cartas como la que han escrito recientemente al Gobierno, no tengo más remedio que pensar por vez primera que uno de los objetivos de todos los ecologistas españoles es acabar con la caza. Me asombra que yo mismo pueda decir esto, con la cantidad de veces que he proclamado al colectivo cazador que teníamos muchos más puntos en común que diferencias con los ecologistas y que debíamos saber aprovecharlos mutuamente.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Al paso que vamos, y mucho más después de esta grave crisis, estamos abocados a una caza profesional . A una caza que en vez de generar dinero nos lo va a costar, y saldrá de nuestros propios bolsillos. Si el colectivo cazador ya de por sí está muy avejentado y apenas hay renovación, el efecto de la crisis del Covid 19 también pasará factura entre los discípulos de san Huberto. Y no solo en las indudables bajas y secuelas de salud que se habrán producido, sino también en la economía cinegética, que se va a resentir al igual que toda la economía nacional. La proliferación de conejos, jabalíes y herbívoros , en general, plantea un problema cada día más grave que pagamos en forma de graves daños a los cultivos, muertes por accidentes de tráfico o importantes enfermedades transmitidas a nuestra cabaña ganadera. A los cazadores cada vez nos cuesta más hacer frente a este problema, porque somos pocos, viejos y cada vez más pobres. Pero sabemos solucionarlo, y además aportando dinero. La fórmula que da la impresión que promueven los grupos ecologistas pasa por eliminar a los cazadores actuales y contratar a profesionales, que serían incapaces de abarcar el 80 por ciento del territorio nacional, y además a un coste inasumible. No consigo entender que no impere el sentido común en un país que se desangra económicamente, y tampoco por qué la caza ha desatado esta aversión, por vez primera en la historia de la humanidad.