El Barça pide ser acusación en el caso Negreira al considerarse «único perjudicado»

Así, el texto hace referencia a la calificación provisional del Ministerio público que apunta que los pagos realizados por el F. C. B. a Enríquez Negreira, desde el 2001 al 2018, mientras ostentó la vicepresidencia del CTA, superaron los 7,3 millones de euros. Importes facturados con las sociedades Dasnil 95 SL y Nilsad SCP. Lo que supuso, sostiene el fiscal, «una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club, ni aprobada por la asamblea general», por lo que carecía de título que lo justificara.

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A este extremo se agarra ahora el Barça, investigado por los pagos, para solicitar a la juez Silvia López Mejía ejercer la acusación particular. Sostiene así el club que el bien jurídico protegido por el delito de administración desleal es el patrimonio del mismo. «Asumiendo la hipótesis discursiva del Ministerio público», reza el escrito del Barcelona, «es necesario reparar que la única perjudicada por los hechos consignados en su denuncia sería nuestra patrocinada, en tanto en cuanto se plantea que el patrimonio del club, presuntamente, se habría venido administrando indebidamente, causando, en consecuencia, perjuicio al mismo».

El club argumenta que, con «independencia de la existencia de una prestación real y efectiva de asesoramiento técnico arbitral, este servicio habría venido facturándose doblemente; formalizándose, además, uno de dichos canales de facturación a través de mercantiles interpuestas que recibían una comisión por ello». Así, señala que es «sujeto pasivo y titular del bien jurídico protegido por el delito de administración desleal», y asegura que es «necesario» que el Barça ostente «la doble condición de investigado y acusación particular».

Además, el fiscal se ha opuesto a que el Consejo Superior de Deportes (CSD) comparezca en la causa como perjudicado. En su escrito, también remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso este diario, indica que, entender, legítimamente, que la alteración de la limpieza de la competición deportiva «ofende» sus principios éticos no les convierte, sin más, en «ofendidos» jurídicos.

«No hay daño moral, ni mucho menos patrimonial, para unos peticionarios que ninguna relación mantienen con la libre competencia, ni con la competencia justa de una competición con la que no mantienen más relación que la de meros espectadores, por lo que difícilmente pueden ser víctimas de un daño moral, por las acciones que se imputan al F. C. Barcelona o sus dirigentes», zanja el representante del Ministerio público.

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El escrito, remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, apunta que existe «un nutrido cuadro probatorio» contra Javier Enríquez Romero

Además, en el mismo escrito, la Fiscalía también rechaza la petición de La Liga de ampliar la investigación a Enríquez Romero -hijo de Negreira-. Considera «precipitado» entender que los datos aportados hasta el momento configuren «en este momento embrionario de la investigación un nutrido suporte probatorio incriminatorio», por lo que insta a esperar el resultado de las pesquisas de la Guardia Civil.

Por su parte, La Liga ha solicitado a la juez nuevas diligencias de investigación para identificar a las personas que formaron parte del Comité de Riesgos Tributarios del Barça, desde la temporada 16/17 hasta la actualidad. El organismo que preside Javier Tebas apuntas que las inspecciones tributarias al club demuestran que su junta «no solo dio conformidad al pago de 1,083 millones de euros, en un reconocimiento implícito de que las facturas emitidas por Nilsad SCP y Dasnil 95 SL no correspondían con las prestaciones de servicios que en éstas se documentaban, sino que también trasladó esta información a las cuentas anuales» del Barcelona.

También recuerda que los clubes afiliados deben «aportar un informe de auditoría de un tercero independiente» para acreditar las medidas exigidas por la La Liga «en materia de integridad». Como el Barça constituyó el comité en 20016, reclama ahora conocer quiénes lo integraron.