El pasaporte biológico como medio de prueba

El pasaporte biológico del deportista es un programa científico en el que se establecen los métodos de recogida de una serie de parámetros biológicos y el cotejo de los mismos para su interpretación y obtención de conclusiones. Erróneamente en ocasiones se le considera como una infracción autónoma o como un procedimiento sancionador diferenciado del general. Ni uno ni otro. El pasaporte biológico es un medio de prueba. Así está contemplado en el Código Mundial Antidopaje y en la legislación española. Este carácter de medio probatorio se repite en el Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, cuyo artículo 39.2 vuelve a incluir el pasaporte biológico entre los «medios de prueba admisibles en derecho».

El carácter adverso del pasaporte no se relaciona ni se tipifica como infracción en el Código Mundial Antidopaje ni tampoco en la legislación vigente ni en la proyectada. El citado Código tipifica como infracción, entre otras, el «uso o tentativa de uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido». La comisión de esta infracción puede determinarse por cualquier medio fiable, entre los que incluyen «los datos recogidos como parte del pasaporte biológico del deportista».

La errónea creencia de la existencia del «procedimiento por pasaporte biológico» nace quizás en la confusión que se produce entre el procedimiento seguido para la elaboración y revisión de este método de prueba, ordenado mediante un modelo científico y técnico de recopilación de datos validado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y el procedimiento en el que se determina la responsabilidad disciplinaria del deportista al que se incorpora los resultados de un pasaporte biológico adverso como prueba de cargo.

De entre los medios de prueba, el pasaporte biológico se incorpora entre las llamadas periciales. La prueba pericial es un medio probatorio consistente en un escrito realizado por un entendido en una materia, para hacer constar datos fidedignos o susceptibles de ser usados para demostrar la verdad o falsedad de algo que se alega en una causa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal somete al juicio de sana crítica el resultado de la pericia pero ningún precepto establece un catálogo de las mismas, ni el modo en que deben realizarse, ni tampoco se contiene remisión reglamentaria o mandato para su desarrollo.

Los peritos judiciales encargados de efectuar pruebas caligráficas conocen las denominadas ‘leyes de la escritura’, enunciadas por el francés Edmond Solange Pellat. Para la prueba pericial dactiloscópica, el Tribunal Supremo exige que el fundamento científico debe alcanzar entre los ocho o diez puntos comunes ya descritos por Juan Vucetich en el siglo XIX. La biología forense permite la identificación de personas mediante el estudio sistemático y analítico de las evidencias biológicas (semen, sangre y pelo) recolectadas en el cuerpo o en el lugar de los hechos.

Todas estas pruebas periciales están sujetas a leyes científicas a pesar de que del resultado de ellas puede depender la pérdida del mayor bien del ser humano: su libertad. Y ninguna de ellas tiene en nuestro derecho un desarrollo reglamentario que resultaría estéril y pernicioso pues el estado de la ciencia y su evolución no depende de la voluntad del legislador sino de los esfuerzos de los hombres en llegar más allá en el conocimiento.

El proyecto de ley antidopaje que ahora se discute en el parlamento mantiene el carácter del pasaporte biológico como medio de prueba admisible en derecho, remitiéndose para su praxis a las normas internacionales de la AMA. Por ello, el desarrollo reglamentario del pasaporte biológico sería innecesario y podría acarrear serios obstáculos en el cumplimiento del programa mundial antidopaje. No es esta una cuestión que deba tomarse a la ligera, ni a la que se puedan dar soluciones frívolas, aquellas que como decía Ovidio, cautivan a los espíritus ligeros. El precio que se paga por ello es doloroso pero aún más lo será al darnos cuenta que quienes lo pagarán son aquellos a los que pretendemos proteger, los deportistas limpios.