La nueva ley del Teatro Real pretende flexibilizar la gestión del coliseo y modernizar su organización

La ley habla también de «autonomía de gestión» y, en este sentido, señala: «La Fundación Teatro Real podrá asimismo suscribir contratos temporales por circunstancias de la producción, contratos temporales de sustitución y contratos formativos -formación en alternancia y para la práctica profesional- a efectos de cubrir las necesidades puntuales que surgieran durante las producciones y obras artísticas que se lleven a cabo en el Teatro». Más adelante, el borrador del anteproyecto añade: «La aplicación de la legislación en materia de contratación del sector público queda exceptuada para los contratos de servicios y suministros artísticos que, en todo caso, se ajustarán a los principios de racionalidad financiera, eficiencia y eficacia, requiriendo la previa elaboración de una memoria justificativa de la necesidad del gasto».

Estaba previsto que el texto fuera este martes al Consejo de Ministros, pero se ha retrasado su tramitación para asegurar el mayor apoyo parlamentario posible, según ha sabido este periódico; fundamentalmente, claro está, el consenso del Partido Popular. Los tres ministerios implicados fundamentalmente en él -Cultura, Hacienda y Trabajo- siguen trabajando en su redacción, todavía no definitiva. El anteproyecto podía ser aprobado por el Gobierno el 7 de febrero.

La nueva ley se inspira en las que rigen actualmente al Museo del Prado, la Biblioteca Nacional y el Museo Reina Sofía, y busca, según el texto, «equiparar al Teatro Real, que es hoy una de las cuatro grandes instituciones culturales de España», con esas tres «instituciones culturales de primer orden».

Actualmente, el régimen jurídico del Teatro Real es de fundación pública, que se mantendrá con la nueva ley. Según rezan sus estatutos, se trata de «una organización sin fin de lucro de carácter cultural, con personalidad jurídica y plena capacidad que tiene afectado de modo duradero su patrimonio, por voluntad de sus creadores, al cumplimiento de sus fines, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes y por estos Estatutos. Se encuentra adscrita a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte».

La nueva ley busca cumplir el Plan estratégico del Teatro Real para 2022-26, aprobado por el patronato de la Fundación en diciembre de 2021 -de hecho, los objetivos que se persiguen según el Resumen Ejecutivo de la ley son los mismos que dicho Plan estratégico-, y que tenía entre sus prioridades la «modernización organizativa y estructural del Teatro Real que permita afrontar los próximos años el posicionamiento y reconocimiento que tiene actualmente el Teatro, mediante una gestión eficiente de los recursos humanos y económicos».

El resto de prioridades establecidas en dicho plan estratégico que contempla la ley y que procurará favorecer son «consolidar al Teatro Real como ópera de referencia nacional e internacional, basado en la búsqueda de la calidad, excelencia. innovación y variedad en la programación artística, con especial atención al patrimonio musical español; continuar impulsando la participación de la sociedad civil en la fundación pública del Teatro Real a través de los ciudadanos, las empresas y, con especial atención, el público joven; promover el Teatro Real como teatro sostenible, se suma a la sostenibilidad ecológica y eficiencia energética mediante la consecución de un Teatro 4.0 de consumo nulo y mediante la explotación de nuevos espacios sostenibles; y la transformación tecnológica, digital y audiovisual mediante la utilización de las nuevas tecnologías como herramientas de gestión de la política cultural del Teatro Real a través de la plataforma de internet ‘My Opera Player’, y mediante todo tipo de canales de comunicación y explotación presentes y futuros en el entorno de los diferentes soportes y políticas de digitalización del Teatro Real y la instalación de una pantalla exterior en la Plaza de Opera».

La ley consta de una parte expositiva, seis capítulos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Los seis capítulos se refieren a la naturaleza, régimen jurídico, fines fundacionales, sede y domicilio (primero); órganos rectores de la Fundación del Teatro Real (segundo), régimen de personal (tercero), régimen patrimonial (cuarto), régimen de contratación (quinto) y régimen presupuestario y económico financiero (sexto).