Sombras sobre el galeón San José: ¿Gustavo Petro vs. Ciencia?

Actualmente, la ciencia, la tecnología y la innovación, reciben apenas un 0,29% del PIB. El objetivo en un país como Colombia es superar ese lejano 1%. En México y Argentina, la situación parece ser similar, 0,38% y 0,46% respectivamente. Solo Brasil, en América Latina, supera esa cifra con un 1,21%.

Se trata de una evidente diferencia con aquellos países a quienes Colombia exige ahora que «desaceleren» su economía. Esos países invierten entre 1,41% (España) y el 3,14% (Alemania) en investigación, entre otras cosas, buscando la anhelada transición energética. Una transición que solo se logra con ciencia, tecnología e innovación.

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El presidente Petro ganó las elecciones con un conjunto de propuestas mayoritariamente coherentes. En ellas hizo mención, sin mayor detalle, a que era necesario robustecer el presupuesto del Ministerio de Ciencia, afirmando además que el Estado debería financiar la investigación básica. Aseveraciones acertadas en un país que, con regularidad, convoca misiones de sabios para diseñar las políticas públicas del Estado en esta materia, pero al final sus informes se convierten en un saludo a la bandera porque la cultura y la ciencia siguen siendo las cenicientas de los gobiernos colombianos de turno. Sorprendentemente para el 2023 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia solo recibirá 80 millones de dólares del Presupuesto General de la Nación, convirtiéndose en el ministerio con la menor asignación presupuestal del actual gobierno. Entendiendo, por supuesto, que la apuesta se concentra en ayudas sociales en uno de los países más desiguales del planeta, llama la atención que el Ministerio de Ciencia haya recibido tan insignificante presupuesto. El abismo social que sufre Colombia no solo se resuelve con ayudas y subsidios. Está demostrado que el acceso y derecho igualitario a una educación pública de calidad y el desarrollo científico, son insumos fundamentales para cerrar esa brecha y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Sin embargo el presidente Petro ha venido demostrando su desinterés por la ciencia en otros temas. Tal es el caso del polémico galeón San José. A este naufragio el gobierno Santos le hizo una ley (la 1675 de 2013), para facilitar que empresas de cazatesoros pudieran expoliarlo y repartirse con el Estado, aquello que Colombia ya no considera patrimonio arqueológico, como piedras preciosas en estado bruto y lingotes y monedas de oro y plata. En su momento el gobierno Santos aseguró que el país no contaba con los recursos necesarios, ni la tecnología, ni mucho menos los especialistas para asumir la investigación arqueológica subacuática de nuestros mares. Todas estas falsas afirmaciones han sido refutadas, una a una, por numerosos investigadores que, desde hace años, venimos adelantando proyectos de arqueología subacuática en Colombia, muchos de ellos con financiación internacional.

El gobierno Duque asumió una actitud diferente respecto al tema, mantuvo irracionalmente la ley mencionada pero protegió el naufragio declarándolo Bien de Interés Cultural (una declaratoria que ahora parece tambalear). Incluso tomó la decisión de comprar un robusto vehículo de operación remota, para monitorear el galeón, demostrando que es viable que el Estado adquiera tecnología de punta. Eso si olvidaron que desde hace una década universidades colombianas, con financiación de Ecopetrol y MinCiencias, vienen desarrollando vehículos de este tipo que ya han demostrado su eficiencia.

Ahora el proyecto galeón San José se ha convertido en un tema presidencial. Petro ya ha afirmado que la Armada colombiana cuenta con tecnología y especialistas para iniciar la «extracción» de la carga de este pecio, desconociendo que esa tecnología es insuficiente y la formación arqueológica de nuestros oficiales de la Armada, y sus contratistas, incipiente, como lo demuestra la reciente publicación de la Dirección General Marítima, titulada Galeón San José. Quizás un desliz de quien hace algunos meses propuso la construcción de un tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla (unos 1,170 km).

Pero lo más preocupante es que el presidente Petro se haya reunido para discutir el tema con dos exfuncionarios del gobierno Santos, la exministra de cultura Mariana Garcés (la de la ley aquella del 2013) y el exdirector del ICANH, Ernesto Montenegro, que sin evidencia alguna, decía ser especialista en el tema. También se ha reunido, según el portal 'La Silla Vacía', con el cazatesoros cubano-americano, Roger Dooley. Un pseudoarqueólogo que lleva más 40 años saqueando naufragios coloniales, primero con el régimen cubano y luego con reconocidas empresas de cazatesoros como Visa Gold y Iota Partners.

Es una pena que el presidente no se haya dado cuenta que se trata de un contexto arqueológico que debe ser evaluado científicamente. Desde hace ya varios años especialistas nacionales e internacionales le hemos ofrecido asesoría al gobierno para que lo asuma como un proyecto de Estado, con un equipo de académicos interdisciplinar.

Confiemos en que el presidente Petro reflexione y finalmente se reúna con la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido y la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, para buscar una salida científica a esta encrucijada en la que nos encontramos estancados, igual que el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

SOBRE EL AUTOR

Juan Guillermo Martín

Profesor de arqueología e investigador sénior de MinCiencias.