La Generalitat quiere que los catalanes financien su cine con una nueva tasa

«La Generalitat tiene muy avanzado un proyecto para establecer una tasa, que podría aplicarse sobre la televisión pública. Con ese dinero tendríamos una industria potente», explicó la productora de « Pa Negre ». Según Passola, l a tasa podría ascender a unos 6 o 10 euros al año por familia en concepto de disfrute del espacio público televisivo. «Podría ser un impuesto por ver la televisión pública, como pasa en otros países europeos, por aparato televisivo o una tasa de acceso a Internet», añadió en una convocatoria con los medios de comunicación.

Pese a que la Generalitat todavía no confirma la creación de esta nueva tasa, la propia Passola señaló que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell , le había transmitido que el impuesto estaba casi a punto. «Tienen muy acabado el proyecto porque están desfondados», aseguró. Asimismo, la presidenta de la Academia del Cine Catalán encuentra muy improbable que el tributo se aplique sobre las entradas de taquilla , como ocurre en Francia, ya que el «momento de recesión en las salas» lo hace prácticamente inviable.

La idea de una tasa sobre el espacio público televisivo no es nueva. Es más: el año pasado, el gobierno catalán ya confirmó que estaba sopesando la posibilidad de aplicar un nuevo impuesto para financiar la televisión pública (TVC) y avanzó que había encargado un estudio para analizar su viabilidad, maniobra que, sin embargo, se da prácticamente por descartada. Y es que, tal y como explicó en su momento el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs , l as arcas públicas no empezarían a nota el efecto del impuesto hasta 2016 , y las urgencias económicas no podían esperar. En este caso, sin embargo, la televisión serviría para financiar el cine y alcanzar así la vieja aspiración de todos los gobiernos que han pasado por el Palau de la Generalitat de incrementar la presencia y el número de espectadores de cine catalán y en catalán. Tanto es así que casi ninguno de los dirigentes ha dudado en enfrentarse al sector, sobre todo a las majors estadounidenses, para conseguirlo.

Desencuentros de película

Así, desde los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol y sus tropezones con la industria al intentar imponer cuotas de pantallas a la Ley del Cine de 2010 , la relación de la política catalana con el cine casi siempre se ha escrito en clave de polémica . No hay más que recordar cómo las distribuidoras respondieron en clave de boicot —ni una película de Hollywood doblada al catalán durante casi un año— al intento del gobierno catalán de sancionar con hasta 75.000 euros a quienes no estrenasen en catalán el mismo número de copias que en castellano, y como finalmente la ley quedó aparcado tras un pacto entre majors y Generalitat.

La situación pareció normalizarse tras un acuerdo que se traducía en una inyección de 1,4 millones de euros en ayudas al doblaje y el compromiso de las distribuidoras de pasar de 5 títulos doblados en 2010 a 25 de 2012.

El resultado, sin embargo, tampoco fue el esperado, y el conseller de Cultura reconocía hace unos meses que, pese al incremento en el número de espectadores, el cine catalán se había quedado en 680.000 personas, muy por debajo de ese millón y medio que se había fijado como objetivo para 2012. Otro varapalo fue que la Comisión Europea acusase de «discriminatoria » a la Ley y pidiese su modificación en menos de dos meses por dificultar la distribución de filmes europeos, cambios que aún no se han realizado.

No extraña, pues, que el conseller de Presidencia, Francesc Homs, calificase de « excepción justificada » la aprobación de una partida de 706.141,06 euros para subvencionar el doblaje y la subtitulación de películas al catalán en pleno año de recortes y estrecheces presupuestarias.