La subasta de Velintonia desata la guerra entre los Amigos de Aleixandre y parte de los herederos

La rama de los Merlo-Usera, propietarios del 40 por ciento de Velintonia, anunció este jueves que tiene previsto iniciar en los próximos días acciones legales por la vía penal contra Alejandro Sanz al entender que con sus declaraciones vulnera la ley. En concreto, lo que el presidente de la AAVA pidió ayer es que nadie puje en la «ignominiosa» subasta de Velintonia . La casa saldrá la a venta los próximos días por 4,6 millones de euros después de un juez disolviera el condominio existente sobre la vivienda y decretara la subasta pública judicial.

«Apelamos a la responsabilidad de los españoles, de todos los ciudadanos amantes de nuestro patrimonio histórico y cultural, para que nadie puje en la ignominiosa subasta pública de Velintonia y quede así desierta –dijo el presidente de la AAVA–. Evitemos lo que no han querido evitar nuestros gobernantes». Aunque Alejandro Sanz reconoció que la suya era una petición «más simbólica que efectiva», los Merlo-Usera entienden que con estas declaraciones se está vulnerando el artículo 262 del Código Penal, que puede suponer penas de prisión de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses a los que en una subasta pública «intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio».

Ya en las alegaciones presentadas contra el expediente incoado por la Comunidad de Madrid para proteger Velintonia con la figura del Bien de Interés Patrimonial (BIP), los Merlo-Usera acusaron a Sanz de intentar boicotear la subasta «a sabiendas de que era cuestión de semanas o meses que se terminara ejecutando». En ese escrito, del pasado mes de febrero, estos herederos recuerdan que en octubre de 2021 el juez ordenó la ejecución de la sentencia dictada en abril sobre la subasta y que, cuatro meses después, Sanz declaró que «lo único bueno de que la declaren BIP es que desmotiva a posibles inversores».

Ya en julio de 2021, el presidente de la AAVA dijo, para defender que Velintonia debía ser declarada BIB y no BIP, que esa protección patrimonial superior sería «una manera de poner los pies en la tierra a los herederos, para que lo mantengan en un estado de conservación aceptable y no se venda a ningún inversor para hacer negocio con ese suelo». Alejandro Sanz lleva años defendiendo que Velintonia debe ser adquirida por las administraciones públicas para su restauración y conservación como 'Casa de la Poesía', un proyecto que la Comunidad de Madrid rechaza. El único intento por comprar la casa se produjo en 2007, cuando el Ministerio de Cultura ofreció 1,9 millones de euros . Es menos de la mitad de lo que ahora se pide.

Los Merlo-Usera aseguraron en su escrito presentado en febrero a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que «el señor Sanz [...] está haciendo una declaración de intenciones en mitad de un proceso judicial de subasta del que es perfectamente conocedor», castigado por el Código Penal. Y añadían: «Nuestra intención es evitar en lo posible cualquier pleito innecesario para tener que proteger nuestra propiedad y lamentaríamos tener que enfrentarnos, aun contando con el amparo judicial, a una presunta confabulación del Sr. Sanz con la connivencia de las Administraciones para tratar de dinamitar la subasta judicial y evitar su venta a toda costa». Las reacciones a la noticia de la subasta ha terminado por desatar las hostilidades.

La Comunidad de Madrid aprobó hace unos días la declaración de la casa de Vicente Aleixandre como BIP –segundo nivel de protección previsto por ley–, por su especial significación histórica al haber recogido «reuniones y tertulias culturales, a las que acudían, entre otros, integrantes de la Generación del 27 como Dámaso Alonso, Gerardo Diego o Rafael Alberti». La figura del BIP impone algunas limitaciones urbanísticas a la vivienda, como la obligación de mantener la disposición de algunas habitaciones o de no modificar la fachada o altura del chalé. Todas las partes implicadas –herederos y asociación– se opusieron al BIP, pero la Consejería de Cultura desestimó las alegaciones.