La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se salda en su primer año con el bloqueo de cinco páginas web

Según fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , la medida que ha tenido un «mayor efecto» en la lucha contra la piratería ha sido las resoluciones de la Audiencia Nacional para el bloqueo de cinco páginas que se encuentran entre los sitios web más destacados en cuanto al número de visitas, por lo que desde el Ministerio indican que la disminución de la piratería ha sido una consecuencia «muy directa».

En líneas generales, desde el inicio del funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual han resultado afectadas 261 páginas, de las que 78 son webs de enlaces. Del total de estas páginas, en 252 casos se han retirado todos los contenidos ilegales y 33 páginas han cesado por completo su actividad.

En el caso de las nueve páginas restantes, la Comisión Segunda ha pedido a la Audiencia Nacional que el juez avale la retirada ejecutiva o bien el bloqueo en los casos más graves , por lo que esas páginas se encuentran en «trámite judicializado», según estas fuentes. En total, en 2015 solo se han presentado 21 solicitudes, de las 447 que ha recibido desde que empezó a funcionar la Comisión Segunda de la Ley de Propiedad Intelectual, en marzo de 2012.

Respecto a las sanciones , que con esta reforma se elevaron hasta 600.000 euros, mientras que las mínimas pasaron de 30.000 a 150.001 euros, aún no se han impuesto multas , porque la ley exige que haya una «reiteración en el incumplimiento de las resoluciones de la Sección Segunda», pero «con carácter general» se ha producido la retirada de contenidos ilegales . No ha sido necesario recurrir a esta vía ya que con la retirada de los archivos finaliza el expediente. «Estos mecanismos legales permiten a los titulares de los derechos demostrar la vulneración y pedir una compensación económica», han añadido las mencionadas fuentes.

En cuanto a la media de días en los plazos de tramitación, fuentes del Ministerio explican que la ley obliga a resolver con un máximo de tres meses desde que se acuerda el inicio del expediente, un plazo que «se ha respetado en todos los casos», según aseguran. No obstante, precisan que «otra cuestión» es el tiempo que pueden consumir las tareas de investigación desde que se presenta la solicitud hasta que la Sección Segunda acuerda el inicio, algo que, como en cualquier otro ámbito, «unas veces son breves y otras consumen meses de trabajo».