Cultura aprueba el nuevo marco para las tarifas por derechos de autor

Carlos Guervós, subdirector general de Propiedad Intelectual, explicó que «no es lo mismo el uso de la música por parte de una discoteca, cuya actividad depende de este uso, que el hilo musical en un supermercado». El importe atenderá a los criterios de «condiciones razonables» y al «justo equilibrio».

Los propios usuarios podrán elegir el tipo de remuneración que les ofrezcan las entidades de gestión, existiendo tres categorías: tarifa general de uso efectivo, tarifa general de uso por disponibilidad promediada, y tarifa de uso puntual.

Según el Ministerio, se ha realizado consultas con todos los sectores afectados. Sin embargo, la Adepi, asociación que agrupa a las principales entidades de gestión de derechos de autor, ha hecho pública una nota esta misma mañana en la que, bajo el título «El Gobierno maltrata una vez más al sector cultural», denuncia que « el texto evidencia que la Secretaría de Estado de Cultura ha permitido participar en su redacción a usuarios muy poderosos de otros sectores, que han podido influir en su contenido con la pretensión de evitar el pago de un precio justo por la explotación de obras y prestaciones, mermando arbitrariamente la remuneración de los autores, artistas, editores y productores musicales y audiovisuales».

Según Adepi, la regulación beneficia especialmente al sector TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) y hotelero, «al pretender una reducción de los costes de acceso a obras y prestaciones».

«Es una orden intervencionista y contraria a la autorregulación del sector que prometió promover en todo momento la Secretaría de Estado de Cultura», continúa el comunicado, que señala, además, que contrariamente a lo expuesto por el Ministerio, «las entidades de gestión lamentan el procedimiento seguido sin contar con el sector que se pretende regular y obviando intencionadamente las deficiencias técnicas señaladas por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Esta normativa es una muestra más de una política encaminada al debilitamiento del sector cultural».