Real Academia Española: limpia, fija y sabe aguantar los embates del poder

No muchas veces han obligado a bajarse de la burra, como suele decirse, a la vicepresidenta Calvo como ocurrió en este caso. Se sabe que su cabreo fue mítico, que resonó con ecos gubernamentales, que tronaban contra la RAE en un momento especialmente delicado , por el estado de las diezmadas finanzas de la Docta Casa tras la crisis. Pero algunos mensajes se abrieron paso hasta el oído de doña Carmen para que cesara en sus diatribas, en las tremendas frases que caían como granizo sobre la sede de la calle Felipe IV, donde reside ese casi intangible gobierno del idioma al abrigo de las inclemencias de la historia.

La dedicación principal de la RAE, como todo el mundo sabe, no es echar pulsos con el poder, sino cuidar de nuestra lengua común, fijarla (limpia, fija y da esplendor es su lema) y promover su unidad. Es una responsabilidad mayor de lo que se percibe, es un trabajo arduo, meticuloso, lento. Puede ser corrosivo y hasta hubo un viejo poeta del XVI, Joseph Escalígero, que sentenció que no hay peor tormento para un ser humano que obligarle a compilar un diccionario . Peor que galeras.

Tres siglos ha cumplido la RAE y ahí siguen nuestros académicos, circundando cada jueves en sus plenos las palabras, estudiándolas con el microscopio de sus disquisiciones antes de ser aceptadas en la casa del Diccionario, ese que Julio Cortázar denominaba, con irrespetuoso respeto, Cementerio, porque si no de dónde las iba a desenterrar como un tesoro. Con el fin de analizarlas, sentados al pie de la letra en sus sillones abecedarios, los miembros de la RAE escriben e intercambian cédulas léxicas, que la sabiduría de la que no andan escasos ha terminado llamando, por economía de lenguaje, papeletas.

Desde fuera les llegan los citados meteoros, granizos y galernas. Son las otras «papeletas» que, periódicamente, debe tratar la RAE en algún pleno. A la citada del manoseo inclusivo-constitucional de Carmen Calvo, hay que sumar otra polémica más reciente y áspera, la de la Ley Celaá , que ha derivado en una «patente de acoso» al español en las comunidades gobernadas por fuerzas independentistas, decididas a erradicar de la enseñanza reglada y del recreo estrechamente vigilado la lengua de Cervantes , en la que nos entendemos todos, como peldaño necesario para su proyecto de destrucción nacional (a estas alturas hablar de construcción parece una broma).

Hubo intensos debates en la RAE sobre la necesidad de salir en defensa de la lengua, una vez más, desde la perspectiva que da su historia y su solvencia científica. El dilema era y sigue siendo duro. La RAE no forma parte de la Administración del Estado pero vive de la asignación de los Presupuestos Generales. Es una institución reconocida internacionalmente, la primera y de más peso de la diplomacia cultural en el hemisferio hispánico. Y debe ofrecer sus servicios al Gobierno. Debe servir, siempre, al idioma . ¿Qué hizo ante el brete?

Resistieron a las presiones, pero les remitían nuevas advertencias. Desde el Gobierno Frankenstein se contaba con que los académicos, tal vez escarmentados por el roce anterior, vestirían adjetivos flébiles ante el nuevo embate . Pero los vistieron impermeables. Poco importó la homilía progre ni la hipérbole victimista de los socios de Sánchez. Hubo intenso debate. Al final la inteligencia tricentenaria del idioma emitió un texto que esclarecía la situación: «El legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar». La «preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa», es decir como lengua vehicular, el quid de la cuestión, puesto que es precisamente ese papel el que ha sido extirpado del texto legal.

En los contornos presidenciales y vicepresidenciales aún se oye una palabra elegida entre todas las del diccionario: traición. El Ejecutivo se siente traicionado por esa iniciativa, que no era bienvenida ni había sido solicitada. Porque hay una cosa que el Gobierno de Sánchez sí había hecho bien -y justo es reconocerlo-: fue sensible a las necesidades de la RAE y ha mantenido una subida hasta los cinco millones de euros en la asignación nominal de los Presupuestos Generales del Estado, aunque sean los más extraños de nuestra democracia, pactados con quienes aborrecen el español y España y además lo expresan con poca o ninguna moderación y en varias lenguas. Alguien debe iluminarnos en los pasajes oscuros. Y por eso es una enorme muestra de valor que lo hiciera una vez más la RAE.

Pero, ¿quiénes son estos cuarenta y seis señoras y señores (inclusivo)? Para estudiar sus papeletas y registrar el uso de las palabras se reúnen cada jueves en la Docta Casa gentes que piensan muy distinto. Antes de cada sesión, incluso los académicos más ateos susurran en sus mientes unas preces en latín que uno de ellos lee y que invocan con humildad al Espíritu Santo y a su don de lenguas, que alguna vez descendió como una llama milagrosa sobre otros humanos. Falta nos haría. Es mérito de su perseverancia, que lleva trescientos siete años tratando de comprender mejor las cosas, haber cumplido esta tradición cayeran chuzos de punta o mamelucos en la Puerta del Sol . Y sin embargo, paradójicamente, aunque se han limitado a eso, a estudiar sus cédulas por miles, a intercambiar pareceres filológicos y lexicográficos en el suplicio de producir diccionarios, el poder rara vez les dejó tranquilos durante mucho tiempo. He ahí la papeleta esquiva, irresoluble, que circula y que se oculta entre sus casilleros de tres siglos.

Sólo la primera vez se la metieron doblada: la expulsión de los jesuitas de 1767 sentenció a dos miembros de la Compañía que figuraban entre los académicos, los padres Velasco y Carrasco, y que fueron sustituidos instantáneamente. Lo cuenta Víctor García de la Concha en la «Crónica de la Lengua Española 2020» , un libro de mil páginas, ideal para saber lo que hacen en la Academia, recién aparecido. Y desde entonces nunca más. Es decir, siempre se la han querido volver a meter doblada, pero ya nunca. Las papeletas han ido llenándose de correcciones y pasando a las páginas en los nuevos diccionarios, pero la RAE no se dejó violar de nuevo, fuera cual fuera el precio.

Por ejemplo, cuando estalla la Guerra de la Independencia había en los plenos cuatro afrancesados , entre ellos Iriarte y Menéndez Valdés; siete patriotas, entre los que destacan Jovellanos, Peña y Cabrera; y cuatro titubeantes, como Ranz Romanillos y Lardizábal (también estos dos ministros de José I), según recuento y calificación de José María Merino . Había quince en total y con los nueve restantes todos pasaron las de Caín y sirvieron al honor de la nación, el verdadero emblema que se cuece en el crisol del escudo de la RAE. En aquellos seis años convulsos lograron reunirse apenas veinte veces en un pleno que dejara el acta firmada , pero llegaron a intentar casi setenta reuniones con vocación incansable.

El 10 de mayo de 1808, en el Madrid todavía humeante, deciden el método de corrección de la Ortografía . Son así, podrían parecer impasibles, de pura dignidad. En aquellos años bajo el dominio francés, el ministro de Interior les quiso colocar en su sede de la calle Velarde una Junta de Instrucción, pero no se lo pusieron fácil. Iriarte responde que la Academia ha sido «costeada a propias expensas con destino al desempeño de sus funciones de servicio a la cultura y a la pureza de nuestra lengua». Ni media broma con los afrancesados, ni que sean ministros.

Manuel de Lardizábal, español de México, estaba entre los académicos que participaron en la redacción de la Constitución de Cádiz, modelo de todas las que han venido después. Pero las alegrías duran poco, incluso en la RAE, y en 1814 retorna el absolutismo. El 20 de abril, tres académicos fueron detenidos mientras trabajaban en la Docta Casa, otros lograron esconderse. Fernando VII no se conforma y exige una limpia de sus nombres. La Academia «obedece»… pero poco . Al llegar el Trienio Liberal a regios regañadientes, para salvar la continuidad dinástica, los académicos proscritos regresan. Ahí nace un gesto que hubo de repetirse: la Academia siempre reservará el puesto a los desterrados, mantendrá la dignidad incluso por medio de la ausencia.

En la Década Ominosa vuelven las dificultades, se reúnen a duras penas, a veces no logran ni el quorum necesario, pero sacan adelante dos ediciones de la Ortografía y el Diccionario que tocaba. Las papeletas, dentro, no cesan de circular. Fuera, la papeleta del poder vuelve obstinadamente como un bumerán .

Cuando empieza la última Guerra Civil, en julio de 1936, el director de la RAE de entonces, Ramón Menéndez Pidal, expresa de inmediato su lealtad a la República, con Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Aun así, se produce el 3 de agosto el primer intento de liquidar la Academia. Don Ramón cuenta que ese día le convoca el ministro de Instrucción para decírselo, y que le pide que sea una reforma, que asocie las Academias según un modelo de Institut de France.

El ministro toma nota pero pergeña un proyecto de Instituto para conservar solo a los académicos de izquierdas (cuántas veces la escora sectaria de las dos Españas). La cosa queda en suspenso. Pero todo se acelera en cuanto llega el primer comunista al Ministerio de Instrucción, Jesús Hernández Tomás, y se decreta la supresión de las academias porque «han quedado anquilosadas». El decreto es de 17 de septiembre. La RAE fue incautada, Ramiro de Maeztu, uno de sus miembros, fue asesinado el 29 de octubre de 1936 y otros cinco académicos fallecieron durante la contienda. En todo tiempo es necesario discutir desapasionadamente sobre el significado de las palabras y conceptos, como el de la memoria histórica.

En 1937, Pedro Sainz Rodríguez y Eugenio D’Ors reactivan las academias desde el bando franquista, bajo la cobertura del Instituto de España. Nada más acabar la conflagración, reciben en la RAE un decreto del Gobierno de Franco (5 de junio de 1941) obligando a dar de baja a seis de sus miembros, exiliados (otra vez sectarismo). Aquel día, después de las preces en latín, se leyó el papel y la Academia enmudeció para siempre al respecto. No consta esa orden en sus archivos, y no permitieron que fuera obedecida como en tiempos de Fernando VII : los sillones no se renovaron hasta que el 2 de mayo (fecha mejor no hay) de 1976 recibieron con honores a Salvador de Madariaga, elegido en 1936 y que hasta cuarenta años después no pudo leer su discurso. Y con aquel acto se cerró la herida.

En los años más oscuros de la dictadura, un condenado a muerte por Franco, como Buero Vallejo, y un hombre del régimen como Juan Ignacio Luca de Tena hablaban de teatro y hasta de la guerra, civilizadamente, durante las reuniones académicas. Constata García de la Concha: «En los momentos más convulsos de la historia de la Academia, la continuidad de la institución quedó siempre asegurada por el pequeño grupo de académicos que celebraban la sesión plenaria habitual presentando y discutiendo cédulas léxicas(...): salvando el Diccionario, salvaban la Academia ».

Hoy, cuando desde el Palacio del Pardo, el Rey Felipe VI, los presidentes autonómicos y los miembros de la sociedad civil celebren el patronato de la Fundación Pro Real Academia, algunos ciudadanos sabremos que hay un significado profundo de convivencia en la institución que ha sabido construir una casa de papel, de papeletas, que ha resisitido abusos del poder durante tres siglos. La mejor España de trabajo y tolerancia recibe hoy ese homenaje en presencia del Rey. Y el Rey en la de ella .