La mejora del lenguaje jurídico, nuevo reto de la RAE

El protocolo firmado establece que el lenguaje jurídico que se incorpora en los textos normativos, en las resoluciones judiciales o administrativas que afectan directamente a los derechos y obligaciones de las personas y en comunicaciones de todo tipo que reciben de los poderes públicos ha de ser comprensible para la ciudadanía a la que, en definitiva, aquellos textos van dirigidos.

La Real Academia Española, consciente del valor de la contribución del lenguaje jurídico a la unidad de la lengua española, ha intensificado desde 2014 su trabajo en este ámbito para convertirlo en una línea primordial de su labor, no solo lingüística, sino también institucional, en el marco de la política panhispánica. Para ello, ha multiplicado su actividad en cuatro direcciones: la preparación de obras académicas de especialidad en torno a la lengua del derecho, la elaboración de bases de datos legislativas en los países iberoamericanos que carecen de ellas, el impulso de la red iberoamericana de lenguaje jurídico claro y la creación en la RAE de un Departamento de Español Jurídico que permita el adecuado desarrollo de todas las iniciativas y, a la vez, preste servicio lingüístico a los operadores jurídicos.

La RAE ha llevado a cabo tres proyectos vinculados al lenguaje del derecho: el Diccionario del español jurídico (DEJ), el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) y el Libro de estilo de la Justicia (LEJ), que se inscriben en el marco de un convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) a finales de 2014. Las tres obras se proponen promover la claridad y la seguridad del lenguaje jurídico .

Han suscrito el protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Rafael Navarro, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, y, Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.

Este protocolo se configura como un elemento más del plan de transformación de la Administración de Justicia que se está abordando desde el Ministerio de Justicia y que pone el foco en la ciudadanía y sus derechos, y recoge el impulso iniciado en el año 2009 para culminar el proceso de mejorar la comprensión del derecho por parte de la sociedad.