Más de 200 autores piden a Cultura que intervenga «temporalmente» la SGAE

Una petición que se ha realizado en una carta enviada al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y que se ha hecho pública hoy, según ha informado a Efe Manuel Recio «Patacho», miembro de la Coalición Autoral y uno de los opositores a la gestión de José Miguel Fernández Sastrón .

Los socios de la SGAE piden en la carta que se apliquen «las medidas de tutela necesarias» para que sean «rescatados» de «la situación de indefensión» en la que se encuentran «frente a los actuales gestores de SGAE».

Entre los 200 firmantes también se encuentran Álex Ubago , Álvaro Urquijo, Anni B. Sweet, Ana Curra, Antón Reixa, Quique González , Arkano, Rosa León, Sole Giménez, Jota de «los Planetas», Javier Ruibal, Kiko Veneno , Melendi , Pau Donés, Ramón Arcusa, Manuel de la Calva, Alejo Stivel, Manuel Iborra y Montxo Armendáriz, entre otros.

En la carta se solicita eliminar los órganos de gobierno y representación de SGAE y su intervención temporal, mediante un gestor interino que asuma las funciones legales y estatutarias de los mismos, de conformidad con el artículo 192.9 de la TRLPI (Ley de Propiedad Intelectual).

A su juicio, es la única manera de salvaguardar sus derechos y evitar el fin de la entidad de gestión más importante de España.

Además recuerdan al ministro que la SGAE celebrará elecciones el próximo 26 de octubre de 2018, «y no se quiere permitir a los socios ejercer el derecho -reconocido por la ley- a votar electrónicamente a distancia».

«Se niegan a habilitar un sistema que sí fue aplicado en la última asamblea general, con el resultado de una participación histórica y un rechazo del 66 % a la propuesta de reforma de estatutos planteada por el presidente Fernández Sastrón con el apoyo de una exigua mayoría de la Junta», continúa la misiva.

Ante la «gravedad de estos hechos», así como por las «sucesivas irregularidades» cometidas por Fernández Sastrón -entre las que citan la llamada «rueda de las televisiones»- animan a Guirao a «actuar en defensa» de sus derechos y a «ejercer la facultad de control y tutela» que la ley le «atribuye» sobre las entidades de gestión.