La Guardia Civil acusa a Ramoncín de «fabricar documentación ad hoc» para defenderse

Un agente del Instituto Armado ha declarado en la última sesión del juicio contra Ramoncín que «parecía que alguna documentación se había fabricado 'ad hoc' para justificar su defensa», tras advertir que algunas de sus facturas no especificaban el IVA o tenían conceptos diferentes a los que figuraban en la información suministrada por la SGAE .

«La conclusión es que esa documentación se había preparado para la defensa porque había errores en cuanto a las palabras del concepto, etc. Una no tenía nada que ver, la única coincidencia era la palabra 'creador'. Si las facturas son reales, las que expide la empresa tienen que ser iguales». Tanto la Guardia Civil como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han puesto de relieve que José Luis Rodríguez Neri manejaba la filial digital, la SDAE, de forma «personal» y adoptando «unilateralmente» las decisiones. «Es un grave incumplimiento a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada», ha dicho.

»Permíteme, que se lo lea porque yo creo que es muy importante», ha señalado el perito, antes de proceder a la lectura del artículo 67 de la citada norma que obliga a someter al «acuerdo de la Junta General el establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus administradores». «Aquí nunca lo hubo», ha remachado.

El fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso pide al tribunal que condene a Ramoncín a cuatro años y diez meses de cárcel por delitos de falsedad documental y apropiación indebida, aunque plantea como alternativa que pague una multa de 13.924 euros por administración desleal por haber cargado SGAE facturas «irregulares» o que obedecían a servicios inexistentes, por valor de 57.402 euros.

El ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri , se enfrenta a la misma pena que el músico, mientras que el fiscal pide para el exdirector de los Servicios Jurídicos de la SGAE Pablo Hernández Arroyo una pena de dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta. En el banquillo de los acusados se sienta también el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras , para quien reclaman dos años o multa como alternativa.